Reforma migratoria: ¿peor es nada? enriqueta cabrera México, D.F.(apro).- El proyecto de reforma a las leyes de inmigración en Estados Unidos se sostiene con alfileres. Fue concebido y formulado para ser aprobado sin modificaciones, a pesar de que tiene que ser aprobado por el Senado y posteriormente por la Cámara de Representantes. El proyecto que se discute ya en el Senado se construyó con el acuerdo alcanzado entre los más radicales nativistas y antimigrantes con los liberales a favor de una reforma que reconozca la realidad de 12 millones de indocumentados que viven y –en su inmensa mayoría-- tienen empleo en Estados Unidos.
Mientras el Senado lo discute, se advierte que cualquier cambio o movimiento de una de las piezas con que está construído lo haría caer como un castillo de naipes. Así lo han manifestado quienes quisieran que se aprobara tal y como fue acordada por un grupo de legisladores demócratas y republicanos con el presidente George Bush. No hubo aprobación rápida, en una semana, como se hubiera deseado. El debate está abierto y el proyecto recibe rechazos y enmiendas desde los dos polos, izquierda y derecha.
Si el proyecto no se descarrila en el Senado y es aprobado, aún existen muchas posibilidades de que se derrumbe en la Cámara de Representantes.
El gobierno de México mantiene un bajo perfil. Asiste atónito a un debate que de convertirse en ley (ó de no hacerlo también) afectará la vida de millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. De la “enchilada completa” a principios del gobierno de Vicente Fox –cuando se planteaba era “un acuerdo” bilateral para una reforma migratoria integral-- pasamos a un “peor es nada” unilateral en el gobierno panista de Felipe Calderón. Ello a pesar de todo lo que el proyecto presentado implica para la frontera con México: construcción de vallas, aumentos de efectivos de la Patrulla Fronteriza y de soldados de la Guardia Nacional, tecnología de punta para detectar “ilegales”…Todo un esquema de una frontera entre dos países no amigos, ni menos socios. Una frontera imaginable entre Israel y los territorios palestinos, no entre México y Estados Unidos.
Es lo mejor que se puede alcanzar en las actuales circunstancias políticas en Estados Unidos, advierte el senador Ted Kennedy, quien intenta de nueva cuenta una reforma migratoria después de que el año pasado la Cámara de Representantes enterró un acuerdo del Senado cuyos componentes eran similares a los actuales.
El pasado 17 de mayo se dio aconover el nuevo plan de Kennedy acordado con John Kyl, un destacado halcón republicano de la seguridad fronteriza y otros ocho senadores. Posiblemente, es lo mejor a lo que se puede aspirar en una sociedad dividida en torno a los temas migratorios, envenenada por un debate político-ideológico, hundida en las dudas y en los temores por la seguridad.
Las dos caras de la reforma 1. Control de la frontera y de las personas
La estadounidense es en una sociedad que a pesar de todo coincide en que es necesario reformar las leyes de inmigración y que en su mayoría –dos terceras partes-- está a favor de la regularización (legalización) de quienes viven y trabajan allá sin documentos, así como de un programa de empleo temporal. Una sociedad que además mayoritariamente –después de un intenso bombardeo mediático de años—está a favor del control de la frontera para evitar a los “ilegales” y los riesgos para la seguridad. La encuesta del
New York Times/CBS es elocuente: 82 por ciento se manifiesta a favor de reforzar la frontera con México y 75 por ciento en aumentar las penalidades a los empleadores que contraten ilegales.
No todos los indocumentados son mexicanos, ni todos entran por la frontera con México. Pero la frontera sur de Estados Unidos se ha convertido en un chivo expiatorio de un sistema de inmigración fuera de la realidad. De los 12 millones de indocumentados, 56 por ciento son mexicanos; de esos, menos de la mitad entraron por la frontera, los otros ingresaron por la vía legal, con visas y luego prolongaron su estancia.
Pero la frontera con México se ha convertido en el ícono de toda la llamada “ilegalidad migratoria” y hacia ahí dirigen sus baterías los halcones. ¿Envenenar la relación con México? ¿Convertir a la frontera en una zona de guerra? De hecho, lo que ha sucedido a lo largo de más de una década es que con todas las medidas de control adoptadas no ha descendido la migración indocumentada, pero si ha aumentado el número de muertos al cruzar y el crimen organizado. ¿Con cuantos muertos más van a pagar los indocumentados mexicanos?
Los halcones antimigrante y los
minutemen van ganando la partida. México la está perdiendo. Dice estar en desacuerdo –por ejemplo-- con las vallas, pero deja hacer. La política equívoca para la frontera puede deteriorar seriamente la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Lo está haciendo ya.
Un sistema informático será puesto en marcha para verificar la situación legal de todos los trabajadores. Los empleadores deberán verificar el status legal de sus trabajadores. Sus protestas no se han hecho esperar. Pero el control de la frontera y la verificación del status legal de los trabajadores será requisito (condición,
trigger) para avanzar en la otra vertiente de la reforma: la regularización y el programa de empleo temporal.
2. Regularización y empleo temporal
La otra cara de la reforma es la posibilidad de regularizar la situación migratoria de 12 millones de indocumentados, de todos los que ingresaron antes del l de enero de 2007, que viven y trabajan en Estados Unidos y que no tienen un historial criminal. No hay una “amnistía” porque primero serán castigados con multas y un difícil camino hacia la regularización cuya apertura dependerá de que la frontera sea controlada y se ponga en marcha un complejo sistema informático para que los empleadores verifiquen el status legal de todos los trabajadores que contraten. El candado lo pusieron los halcones conservadores, los sensenbrenners, los tancredos, los
minutemen, los nativistas.
Luego vendrán los castigos: multas de 5 mil dólares, espera de alrededor de 8 años tras obtener y renovar la visa Z, para poder solicitar la residencia, con todo y regreso al país de origen para solicitarla desde ahí. Para ello habrán de reducir los tiempos de espera para la residencia, la cola de alrededor de 4 millones de familias. Para la ciudadanía pasarían alrededor de 13 años. El tiempo y las incertidumbres pesan ¿cuántos de los indocumentados estarán dispuestos a iniciar el camino para la regularización, máxime si no está exento de riesgos?
A pesar de los castigos impuestos, del tiempo que habrá que tomar, de las condiciones impuestas, de lo tortuoso del camino, los conservadores antimigrantes y nativistas levantan la voz y denuncian: “amnistía inaceptable para quienes violaron las leyes”. Sus bien orquestados coros mediáticos y particularmente televisivos los siguen.
Las organizaciones que apoyan a los inmigrantes critican la iniciativa por los grandes problemas y costos que tendrá llegar a la “legalización”. En particular tres problemas: las incertidumbres que se abrirán al registrarse y ser ubicados en un proceso largo e incierto; los crecientes problemas para la reunificación familiar para la que habrá menos visas; y el regreso al país de origen para desde ahí solicitar la residencia sin ninguna garantía.
El programa de empleo temporal proponía 400 mil visas al año, número insuficiente para trabajadores temporales, mismas que fueron reducidas por una votación en el Senado a 200 mil. Las visas de empleo temporal se podrán renovar en tres ocasiones, tendrán una duración de dos años después de los cuales el trabajador deberá regresar a su país durante un año antes de solicitar una nueva visa por otros dos años. No habrá posibilidad de permanecer ni derecho a solicitar la residencia. Para los demócratas y los sindicatos, destacadamente la AFL-CIO, esto creará una subclase de bajos salarios, sin beneficios ni protección de salud y seguridad. Para los patrones esto no estabiliza el empleo. Habrá un amplio sector de trabajadores mal pagados, en rotación constante, una subclase con poco que ver con la sociedad estadounidense.
Nada entrará en vigor hasta en tanto no esté en marcha un sistema de verificación del status legal de los trabajadores al que deberán acceder los patrones antes de contratar a un trabajador. Los empleadores consideran que esta será una enorme carga burocrática y rechazan el mecanismo. Además podrán cometerse errores que afectaran a trabajadores documentados, residentes o ciudadanos. El programa de trabajadores huéspedes se ve muy debilitado y no pocos preferirán entrar sin documentos o permanecer después del vencimiento de la visa, lo que retroalimentrá el trabajo indocumentado.
La regularización y el programa de empleo temporal están entre dos fuegos. El primero, desde la trinchera de quienes quisieran que los “ilegales” fueran deportados y no tuvieran ninguna posibilidad de legalizar su situación migratoria, puesto que –dicen ellos-- son violadores de la ley al haber ingresado sin documentos. Estos gritan: “no a la amnistía.”
Pero ambas medidas también están bajo asedio de quienes piensan que debe ser mejorada para facilitar la regularización migratoria de manera que prácticamente todos los indocumentados encuentren un camino con certidumbre.
No deja de llamar la atención que la encuesta NYT/CBS establece que la propuesta de legalización es apoyada por 66 por ciento de los republicanos, 72 por ciento de los conservadores y 65 por ciento de los independientes.
El otro elemento criticado por demócratas, liberales y organizaciones de apoyo a migrantes, es el de las crecientes dificultades para las visas de reunificación familiar que disminuirán significativamente, al entrar en vigor un sistema de puntos --similar al de Canadá y Australia, aunque la situación en Estados Unidos es diametralmente distinta— que tiene la finalidad de atraer a trabajadores con mayor calificación.
Hasta ahora, el mercado ha venido regulando la demanda y la reunificación familiar había sido por décadas característica del sistema migratorio estadounidense. La ruptura no es menor, se oponen a ella no sólo organizaciones civiles sino también la iglesia católica en Estados Unidos.
Los tiempos políticosLa reforma interesa a los demócratas si pueden introducir reformas importantes; pero sobre todo interesa al presidente Bush ya que una reforma migratoria sería un legado de su gobierno, posiblemente el más importante en política interna. Más aún cuando el 72 por ciento de los estadounidenses considera que el país en general va mal, el 76 por ciento cree que la guerra en Irak va mal y el 60 por ciento desaprueba el manejo gubernamental en los temas migratorios.
Los halcones antimigrantes harán todo lo posible para abortar la reforma en la Cámara de Representantes. Ya lo hicieron el año pasado.
Los tiempos políticos no dan para mucho, ya que después del receso de agosto las campañas electorales para definir candidatos a la presidencia ocuparán todo el escenario político y dificultarán los acuerdos. Pero también habría que considerar si los demócratas apoyarán una reforma que será difícil modificar y sacar adelante, con su propio sello, o si preferirán esperar tiempos mejores y no dar a Bush un triunfo.
Mientras, a los indocumentados se les da una reforma de “peor es nada” que no solucionará sus grandes problemas y tampoco los del sistema de inmigración de Estados Unidos. (28 de mayo de 2007)
