Miedo

Jornada

Miguel Concha Un futuro sin miedo El pasado miércoles Amnistía Internacional presentó su Informe 2007, en el que documenta las cuestiones de derechos humanos que motivaron su preocupación en 2006. En la introducción, significativamente titulada Libertad frente al terror, su secretaria general explica las graves violaciones a los derechos humanos que en cadena se dan contra las personas y grupos en el mundo actual, como productos del miedo, el cual, como nosotros sabemos, en los manuales de contrainsurgencia es propuesto por los regímenes autoritarios como medida de desmovilización social y de control político. Con la experiencia que le ha dado la investigación de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y sin pretender desde luego hacer un análisis estructural completo, menos desde la perspectiva de América Latina, en la raíz de esta situación sicológica individual y colectiva, Irene Khan encuentra de manera pertinente al "capitalismo desenfrenado" -con sus secuelas de desigualdad social, pobreza, delincuencia y violencia-, en el contexto de gobiernos débiles y corruptos, empresas y actores económicos refractarios a una regularización internacional obligatoria, una política ineficaz contra el terror, e incluso organismos internacionales de protección a los derechos humanos ineficaces. Todo lo cual ha producido una manera errónea y perversa de enfrentar los masivos problemas sociales como migración, marginación, discriminación, disentimiento, inseguridad y violencia, conculcando derechos humanos y comprometiendo de manera efectiva el bienestar de todos. Al fin y al cabo los derechos humanos son obstáculos para la expansión actual del capitalismo mundial. En congruencia con la misión de su organización, al final, la secretaria general propone un futuro sostenible sin miedo, basado en el fortalecimiento verdadero del estado de derecho y en la garantía de los derechos humanos, y en un rechazo de una mentalidad propia de la guerra fría. "Un sistema basado en el estado de derecho -sostiene Irene Khan-, que funcione adecuadamente en el ámbito nacional, es la salvaguardia última de los derechos humanos. Pero tal sistema, si pretende ser verdaderamente justo, ha de incluir a las mujeres y a los sectores desfavorecidos." "La mayoría de las personas indigentes -dice con razón- no están amparadas por la ley. Para que su inserción en el sistema sea significativo -añade-, es necesario hacer efectivos los derechos económicos y sociales, materializándolos en políticas y programas públicos." Para ello se requiere, igualmente, revitalizar la reforma de la ONU en materia de derechos humanos, eliminar el exclusivismo político y la manipulación de su nuevo consejo en la materia, y que el nuevo secretario general haga valer su liderazgo como defensor de los derechos humanos. Para lograrlo se cuenta sobre todo con la gran reserva, cada vez más amplia, de la organización de la sociedad civil, a la que también ella considera como el hecho más significativo que permite albergar esperanzas de transformación en el panorama de los derechos humanos. Para la secretaria general de Amnistía Internacional, en efecto, si la migración no regulada es el miedo de las clases ricas, el capitalismo desenfrenado -impulsado por la globalización y cuyos efectos sociales son muy dispares, tanto en el ámbito mundial, como en cada país- es el temor de los pobres. Además, la debilidad, el gran empobrecimiento y, con frecuencia, la profunda corrupción de ciertos Estados, han generado un vacío de poder que están llenando las empresas y otros agentes económicos, los cuales llevan tiempo resistiéndose a normas internacionales vinculantes. Por ello, la respuesta a esa situación no radica, de fondo, en la construcción de muros para impedir la entrada, sino en la promoción de sistemas que protejan los derechos de las personas vulnerables, al mismo tiempo que se quieran respetar las prerrogativas de los Estados para regular la migración. "El aumento de la delincuencia y la violencia armada -dice también- son fuente de miedo constante, lo que ha llevado a muchos gobiernos a adoptar políticas que en teoría combaten enérgicamente la delincuencia, pero que en realidad criminalizan a los sectores más desfavorecidos y los exponen al doble peligro de las bandas y la brutalidad policial." Y como si pensara en nuestro propio país, afirma enfáticamente que proporcionar seguridad a un grupo de personas, a costa de los derechos de otros, no soluciona el problema. "La experiencia muestra que la mejor forma de reforzar la seguridad pública es mediante un enfoque integral, que combine una actuación policial mejorada, con la provisión de servicios básicos, como la atención a la salud, la educación y el alojamiento de las comunidades más desfavorecidas, de modo que éstas sientan que defender la seguridad y estabilidad de la sociedad, redunda en beneficio propio". Pues, como afirma Irene Khan, la sociedad no quiere vivir bajo el síndrome del miedo, sino de la sostenibilidad.

De mano chiquita

Omar - El Universal
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Defensor de las derechas

El fisgón - La Jornada
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El de los trabajos sucios

Helguera - La Jornada
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Espino

Ahumada - La Jornada

Sexenio de de milagros guadalupanos

En el estudio

Jornada

México SA Carlos Fernández-Vega Milagro guadalupano "Baja" el desempleo Informalidad 4; formalidad 1 Ruindad televisiva Sólo un milagro guadalupano (de esos que genéricamente se conocen como maquillajes, y que un día sí y el otro también presumía el "cambio", para luego resultar totalmente falsos) hizo posible no sólo detener el creciente desempleo abierto registrado en lo que va del "nuevo gobierno", sino lograr un mínimo descenso en la respectiva tasa oficial. ¡Albricias!, porque la "continuidad" lo hizo en plena desaceleración económica y su raquítica tasa de "crecimiento", y ahora presume su calidad de fabricante de milagros guadalupanos (marca Fox). Ayer el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al pasado mes de abril, y aunque los desempleados duden de la veracidad de las cifras difundidas por el organismo, la tasa respectiva se redujo, según afirma, de 4.01 por ciento de la población económicamente activa en marzo, a 3.6 por ciento en el cuarto mes de 2007, con lo que supuestamente la generación de puestos de trabajo en el periodo habría sido mayor a la de puestos cancelados. La baja de 0.41 puntos porcentuales en la tasa oficial de desocupación abierta equivaldría a 180 mil plazas laborales, una cantidad que coincide con el reporte de puestos de trabajo registrados en el IMSS, pero en los cinco meses de "continuidad", no exclusivamente en abril, cuando se incorporaron poco más de 49 mil, de tal suerte que la ocupación en la economía formal se mantiene como un sueño guajiro para la mayoría de los mexicanos, para quien las "opciones" siguen siendo la informalidad y la emigración. Pero los milagros guadalupanos de la "continuidad" no se circunscriben a la tasa oficial de desempleo abierto en el país. En un solo mes, y siempre de acuerdo con la versión oficial, también permitieron la reducción de la subocupación, que pasó de 8.4 por ciento de la población ocupada en marzo a 8 por ciento en abril, de tal suerte que "sólo" 3.5 millones de mexicanos se encuentran en tal condición. Lamentablemente, los milagros guadalupanos de la "continuidad" no incluyen el de la multiplicación de los panes para la mayoría, porque en el mejor de los casos los empleos generados son eventuales, de a mil 500 pesos mensuales y sin prestaciones. El registro del IMSS da cuenta que en los primeros cinco meses de la "continuidad" se incorporaron 185 mil 600 empleos formales, eventuales el 84 por ciento de ellos y permanentes sólo 16 por ciento. De ese total, poco más de 49 mil se registraron en abril pasado (de ellos, eventuales más de la mitad), de tal suerte que si en ese mes la tasa de desocupación se redujo 0.41 puntos porcentuales, alrededor de 130 mil plazas correspondieron al sector informal de la economía, en una relación de uno a cuatro a favor de éste último. Desde luego que la tasa de desempleo abierto no es una exclusiva de la "continuidad", aunque a todas luces se esfuerza por obtener medalla de oro en este renglón. En esos cinco meses de "gobierno", la demanda real de puestos de trabajo fue cercana a 500 mil, de los que la economía formal sólo puedo atender (mayoritariamente de forma eventual) el 37 por ciento. En la última década la economía formal generó (en números cerrados y siempre con datos oficiales) 3 millones 600 plazas laborales (52 por ciento eventuales y 48 por ciento permanentes); en ese periodo alrededor de 12 millones de mexicanos demandaron un puesto de trabajo, de tal suerte que 8.4 millones (el 70 por ciento del total) se quedaron con las ganas y terminaron en el desempleo, la informalidad o en el vecino país del norte. Las cifras anteriores documentan una realidad aterradora y dan cuenta de las "tasas históricas" que en materia de empleo han presumido, de corridito, los tres "gobiernos" más recientes (de Zedillo al chapelen, sin olvidar al de las ideas cortas y la lengua larga). Otras cifras del INEGI revelan que en abril pasado la población ocupada representó 96.4 por ciento de la PEA. En los servicios se concentró el 40.8 por ciento del total; en el comercio 20.3; en la industria manufacturera 16.1; en las actividades agropecuarias 12.9; en la construcción 8.2; en "otras actividades económicas" (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) uno y el 0.7 restante no especificó su actividad. Según su posición en la ocupación, el 66 por ciento se ubicó como trabajador subordinado y remunerado; 22.1 como trabajador por cuenta propia; 6.7 como trabajador sin pago, y 5.2 se agrupó a los empleadores. La tasa de desocupación abierta en las 32 principales ciudades de la República, con más de cien mil habitantes cada una, fue de 4.46 por ciento de la PEA, 0.12 puntos mayor a la reportada en igual mes de 2006. Las rebanadas del pastel La famiglia de los medios electrónicos ataca de nuevo: agarraditas de la mano y en nombre de la "libertad de expresión", como acostumbran en estos casos, Televisa y Tv Azteca utilizan sus respectivas concesiones del Estado para linchar a los herejes que han promovido la anticonstitucionalidad de la ley de medios que lleva el apellido de la primera empresa. En esta ocasión, sus clientes preferidos son Manuel Bartlett, Javier Corral y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se desubique, a quienes golpetean incesantemente, al tiempo que les niegan el derecho de réplica. Eso sí, se retuercen por "el ataque a la libertad de expresión" por la decisión del gobierno chavista de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión... Para que "vivamos mejor", ya se cocinan alzas en los precios de, cuando menos, leche, carne de res y pollo, que se sumarán a las de azúcar, huevo y demás alimentos, las que a su vez se agregaron a la de maíz y tortilla, etcétera, etcétera. Todo, en cinco meses de milagros guadalupanos.

Censura universitaria

En Mexico, todo lo que huela a libertad es censurado, ni la Universidad se salva:

Leer completa

Los de abajo Gloria Muñoz Ramírez Señal en peligro ¿Por qué una radio alternativa pequeñita representa un peligro tan grande para las autoridades universitarias del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM? ¿A qué responde tanto hostigamiento, expulsiones de alumnos y hasta la organización de un referéndum manipulado para impedir su funcionamiento? ¿Qué transmiten estos jóvenes? ¿A quiénes dañan?...

Del sendero del peje

LA SEÑORA ARISTEGUI EN EL REFORMA.

.Spotcracia
Para Carlos Fuentes y Javier Corral.

El Instituto Federal Electoral ha abierto la caja de Pandora. La revelación
hecha a partir de los resultados del monitoreo nacional que encargó a la
empresa líder IBOPE AGB, sobre las campañas transmitidas por radio y
televisión durante las contiendas políticas de 2006, coloca prácticamente
a todos los participantes de los procesos electorales -salvo los votantes- bajo sospecha.

La autoridad electoral informa que 281 mil 26 spots transmitidos a través
de los medios electrónicos no aparecen en los registros formales que los
partidos políticos están obligados a presentar. Concluye que prácticamente
el 37 por ciento de lo que se transmitió en los medios no fue reportado a la
autoridad.

El problema apunta necesariamente a ser más grave que eso, porque se habla
de una muestra que -si bien gigantesca- por su naturaleza, no puede reflejar
el 100 por ciento de lo realmente transmitido en toda la República.

Lo que refleja, según dijo Luis Carlos Ugalde, representa aproximadamente
el 90 por ciento del total. Este insólito muestreo se realizó en 20 ciudades de
la República con un registro las 24 horas al día, durante el periodo oficial
del 19 de enero al 28 de junio, de todos los spots transmitidos en 733 estaciones
de televisión y mil 488 de radio. Se desarrolló un sistema computacional
que contaba con una suerte de huella digital de cada versión y modalidad
de los múltiples spots que se diseñaron para todas las campañas federales
en cada partido político en el país. Miles de spots fueron capturados de un
universo de casi 2 millones de horas de programación diversa.

Ahí se detectaron un total de 757 mil 545 spots de campañas federales
para Presidente, senadores y diputados. Cuando se compara esta cifra
con la informada por los partidos aparece el diferencial de los 281 mil,
mismos que han sido sometidos a una investigación "oficiosa" que durará
varios meses.

El IFE y los partidos pueden acceder a la grabación de cada uno de estos spots,
mismos que incluyen cinco minutos antes y cinco minutos después de la
programación dentro de la cual fueron transmitidos en el caso de la televisión,
y media hora antes y media hora después en el caso de la radio.

El asunto arroja múltiples inquietudes. Si ya de por sí resulta escandalosa la cifra
oficial que los partidos gastaron durante las campañas, sólo las campañas -que el año
pasado alcanzó la friolera de 3 mil 510 millones 806 mil 13 de pesos-, con este
nuevo panorama de opacidad, la crisis del modelo de competencia electoral en
México ya alcanza niveles de alarma.

La información oficial disponible arroja que la campaña electoral
de Roberto Madrazo tuvo un costo de 648 millones
de pesos, que no incluye 144 mil 609 spots injustificados; la de Andrés Manuel
López Obrador, 616 millones de pesos, sin incluir 47 mil 779 spots sin justificar
y la de Felipe Calderón, de casi 585 millones de pesos, tiene 75 mil 840 spots
sin justificar.
Surgen, de inmediato las preguntas obligadas:
¿Quién ordenó esos spots? ¿Quién los pagó? ¿A qué tarifas?
¿Fueron o no facturados? ¿Qué significa todo esto para un proceso, de por si
controvertido como el del 2006, que se abra un panorama de esta magnitud
en donde la transparencia, la equidad y la fiscalización quedan absolutamente
en entredicho?

El asunto puesto en estos términos es de una gravedad extrema. Y por si esto
no fuera suficiente, el PRD -a través de su secretario General, Guadalupe Acosta Naranjo-
entra al toro para decir que lo que dice el IFE no corresponde a la verdad.

No, que el asunto es todavía mucho peor de lo que lo que dice el IFE.
Que se han quedado cortos. Que ellos ponen sus números para demostrarlo.
De entrada, descalifica la solidez del gigantesco monitoreo y arroja un guante que,
sin la menor duda, debe ser tomado para debatir y llegar al fondo de este pozo profundo.

Acosta Naranjo afirma que el número de spots que la Coalición Por el Bien de Todos
contrató en total es mucho mayor de lo que el IFE sostiene. El IFE dice que la coalición
transmitió 165 mil spots, mientras que el PRD afirma que el verdadero número es casi
3 veces la cifra oficial.
¿Qué pasa entonces con el monitoreo?
¿Qué pasa con los demás partidos?
¿De qué tamaño es el monstruo?
Acosta Naranjo dice que están dispuestos a cualquier debate público y que ponen a
disposición de la sociedad toda la información que tienen sobre sus campañas cuyo
listado final alcanza la cifra de 456 mil 943 spots de radio y televisión comprados
por esta coalición, es decir, "fecha, hora, sigla, precio unitario, duración, factura,
contrato, y grupo; además, las actas notariales que documentan las irregularidades
del IBOPE, el informe del gasto de campaña efectuado por la Coalición Por el Bien de Todos,
la solicitud a los principales grupos radiofónicos y televisivos de entregar toda
la información al IFE y los dictámenes completos de todos los partidos, aprobados
el pasado 21 de mayo". ¿Quién dijo, yo?

Mentiras de los des-gobernadores and cia

Jornada

Arturo Alcalde Justiniani Credibilidad La ausencia de credibilidad se ha convertido en un común denominador, casi todas las instituciones generan desconfianza, la población no cree en la policía, partidos políticos, sindicatos y legisladores, las iglesias son cuestionadas por su lejanía con los valores que promueven. Esta visión se confirma con el Informe global de corrupción 2007, de Transparencia Internacional, publicado hace un par de días en Londres, al señalar que el 80 por ciento de la población mexicana percibe al sistema judicial como corrupto. La distancia entre ciudadanos e instituciones parece aumentar, el gobierno del cambio decepcionó al reproducir los viejos vicios, cambiar de partido no significó solución alguna. Todo indica que quienes ocupan puestos de decisión están más preocupados por sus propios intereses que en atender las preocupaciones de la sociedad. Mientras el país se enfrenta a un creciente nivel de desigualdad, un pequeño sector de la población ostenta estar encantado de la vida y reclama que nada cambie. Observemos dos temas de interés nacional. La necesidad de reformar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) parecía evidente, hace tiempo que los servicios médicos sufrían deterioro constante, el número de camas es insuficiente y los enfermos padecen largos períodos de espera. Como en otras instituciones similares del mundo, las reglas pensionarias requerían ser modificadas por cambios en la dinámica poblacional, epidemiológica y de empleo; sin embargo, en lugar de plantearse claramente estos problemas, la mayoría de los legisladores optaron por un acuerdo cupular al margen de la voluntad de sus representados. Muchos de ellos ni siquiera leyeron la ley, eso sí, sin vergüenza alguna aprobaron un artículo decimosexto transitorio con privilegios especiales aplicables sólo para diputados y senadores. Confírmelo usted. La aprobación de la nueva Ley del ISSSTE abonó la desconfianza y falta de credibilidad, porque se sustentó en mentiras burdas como prometer mejores pensiones o negar la privatización de las mismas. Buena parte de los trabajadores del Estado respondieron a su modo acudiendo al amparo; el resultado consta en más de 163 mil expedientes, muchos de ellos abarcando por sí solos a miles de quejosos; tan sólo dos amparos los suscriben más de 10 mil. Si son más o menos de medio millón de quejosos no importa tanto, lo indiscutible es la inconformidad de los destinatarios de la reforma. Los legisladores que aprobaron la ley debieron examinar los estragos ocasionados por el sistema individualizado de cuentas y el abuso de las Afore en el sistema de pensiones -iniciado en nuestro país hace diez años para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-, pero jamás se llevó a cabo este diagnóstico fundamental. El propio presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha reconocido las millonarias ganancias de las Afore, que contrastan con el salario mínimo que percibirá la mayoría de los jubilados. Al aprobar la Ley del ISSSTE se optó por un camino que había demostrado serios problemas en Chile, basta señalar que este gobierno se ha visto obligado a aportar 5 mil millones de dólares anuales para cubrir las deficiencias del sistema. Los creadores de la ley ignoraron otras experiencias más cercanas a la realidad mexicana mediante sistemas mixtos que permitieran que el destino de los fondos y sus beneficios se orientaran a favor de los propios trabajadores y no al de las compañías aseguradoras privadas, que son las verdaderas triunfadoras de esta legislación. Hace poco más de un año, el Poder Legislativo actuó de manera similar con motivo de la aprobación de la ley Televisa. Nuevamente los intereses públicos se hicieron de lado y se comprometió un patrimonio esencial para la población. Resulta difícil imaginar un tema más trascendente para el futuro del país que la función social de los medios de comunicación. Día tras día, la población se entera con nuevas evidencias de las maniobras, ayer denunciadas, hoy confirmadas. Los legisladores, sin dar la cara a sus electores, traicionaron su mandato poniéndose al servicio de un pequeño grupo de millonarios. La población necesitada de educación, información veraz para su mejor organización y superación de condiciones de vida; las comunidades alejadas, y el futuro de la gente común y corriente quedaron acorralados; hoy deben confiar en que nueve ministros del máximo tribunal de justicia tengan la valentía suficiente para hacer prevalecer el orden constitucional. Obviamente no se trata de un problema técnico, cualquier persona entiende que los medios de comunicación no se pueden someter a remate, sería absurdo hacerlo con el agua, el aire o el derecho a los servicios públicos. La evidente fractura entre la ciudadanía y sus representantes formales, especialmente los legisladores, obliga a revisar el método de toma de decisiones en las cámaras. El acuerdo cupular, que empieza a convertirse en costumbre, no puede sustituir el debate público informado, confrontado con la visión de los ciudadanos. Para favorecer este cambio los opositores o partidos inconformes deberán participar con propuestas viables e integrales, formalizadas en iniciativas de ley, que permitan convencer a la población de que hay otros caminos mejores en cada uno de los temas de la agenda. Nadie debería festejar la crisis de credibilidad que crece en nuestro país, porque cierra caminos para todos e impacta a las nuevas generaciones, en general resistentes a involucrarse como en otros tiempos, en esfuerzos en favor de la justicia y la solidaridad. Si este desencuentro se consolida, será cada vez más difícil transitar hacia la reforma institucional que requiere nuestro país.

Yo espino

Es lo mismo pero no es igual

Pensandolo bien

Labor social

Pensandolo bien

Las vestiduras del PAN

Livre

Cybersolidaires

La cité des mortes

Lacitedesmortes.net est un site interactif de type webdocumentaire qui accompagne le livre "La ville qui tue les femmes, enquête à Ciudad Juarez". Il fait également écho à un documentaire du même nom. 460 femmes assassinées, la plupart dans des conditions particulièrement atroces, et 600 disparues, à Ciudad Juárez depuis 1993. Les chiffres varient selon les interlocuteurs : police locale ou nationale, familles des victimes, juges, avocat-es ou expert-es. Une seule certitude: c'est le féminicide le plus sanglant de l'histoire récente et le scandale judiciaire le plus étonnant.

Lydia Cacho

Amnesty International : Lire entier...

Craintes pour la sécurité

Mexique : Lydia Cacho (f), journaliste, défenseure des droits humains


14 mai 2007



Le 7 mai, Lydia Cacho a échappé de peu à un accident potentiellement mortel, à Mexico, à bord d’une voiture qui avait manifestement été sabotée. La défenseure des droits humains n’a pas été blessée, toutefois, Amnesty International estime que sa vie est en danger : ses activités de journaliste lui ont en effet valu d’être la cible de multiples manœuvres de harcèlement et menaces.

Lydia Cacho est arrivée à l’aéroport de Mexico avec plusieurs journalistes, le 7 mai, sur un vol en provenance de Ciudad Juarez. Elle était également accompagnée de trois agents de l’Agencia Federal de Investigaciones (AFI, Agence fédérale d’investigation), chargés d’assurer sa protection depuis qu’elle a été menacée de mort, en 2005 et 2006 (voir l’AU 37/05, AMR 41/004/2005, 16 février 2005, et ses mises à jour). Le groupe a été accueilli par un autre agent de l’AFI, qui a donné à l’un des hommes chargés de sa protection les clés d’un 4x4 Chevrolet Suburban, afin qu’elle puisse être conduite au centre de Mexico. Le véhicule était la propriété du Bureau du procureur général de la République. Lydia Cacho a proposé aux autres journalistes de monter avec elle. Pendant que l’agent fédéral conduisait en direction du centre de Mexico, sur une autoroute principale, la voiture se serait mise à trembler violemment, à tel point qu’il a failli en perdre le contrôle et a dû s’arrêter au bord de la route.

Revelaciones escalofriantes

Jornada

Fernando Vallejo habló de su libro La puta de Babilonia en su primera visita a la UNAM Si Estado e Iglesia se unen, ''será un desastre'' ANGEL VARGAS El escritor Fernando Vallejo, ayer, en la Facultad de Filosofía y Letras Foto: Cristina Rodríguez La respuesta fue contundente: ''Sí creo en Dios, lo que pasa es que es un monstruo porque, ¿cómo siendo todopoderoso vino a hacer esta chambonada de mundo y nos impuso el dolor, la enfermedad, la muerte y nos llenó de ciclones, maremotos, tsunamis, de sida, tuberculosis y del PRI, el PAN y el PRD?" Fernando Vallejo despejó así la curiosidad de una de las cerca de 200 personas que llenaron ayer el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, entre profesores y alumnos, para escucharlo hablar durante casi una hora de su aversión por la Iglesia católica. Fiel a su posición polémica e irreverente, el escritor de origen colombiano y recientemente naturalizado mexicano, se mostró provocador de principio a fin en lo que fue su primera visita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como lo corrobora el hecho de llegar casi media hora tarde y acompañado de 13 perros de diferentes razas, los cuales permanecieron en la sala durante toda la intervención. ''No vengo a promover aquí un libro, vengo a defender una causa: la mía, la de los pobres animales, que son un prójimo, entiendo por animales a los superiores, los vertebrados superiores y las 4 mil 600 especies de mamíferos que pueblan la Tierra", aclaró. El acto fue convocado por la UNAM y la editorial Planeta para promover la más reciente obra de este excéntrico autor, La puta de Babilonia, en la que hace ''revelaciones escalofriantes" acerca de esa ancestral institución religiosa, basado en documentos y hechos históricos. ''Esta universidad es un desastre, esta ciudad es un desastre, este país es un desastre, este mundo es un desastre y este desastre se está convirtiendo en un infierno, y con el calentamiento planetario sí que se va a poner duro; les va a tocar a ustedes, a mí no, porque ya voy de salida, a ustedes y a sus hijos, a quienes tienen la mala ocurrencia de sacarlos de la faz de la nada, donde están tranquilos y traerlos a lo peor de esta vida, a la nada donde vamos a volver todos, queramos o no. ¿No creen que sobra ese intermedio tan desastroso?" Así comenzó su monólogo el autor de La virgen de los sicarios, para quien no hay duda de que los culpables de ese desastre son los jerarcas de la Iglesia católica. Se refirió a Juan Pablo II, a quien definió como ''el máximo azuzador de la paridera", luego de que en sus 26 años de pontificado la población del mundo se incrementó en 2 mil 200 millones de personas, cantidad que en términos naturales le implicó a la humanidad miles de años alcanzarla. ''Y ahora su sucesor, el inquisidor Joseph Ratzinger vuelve con lo mismo, con su obstinata, obcecado a echarle leña a la hoguera de la paridera. Y ustedes van a vivir una paradoja terrorífica: un desierto atestado, porque el desierto es en lo que vamos a convertir el planeta; y atestado, porque es tantísima la gente, que vamos a vivir unos sobre otros y otros." De acuerdo con el escritor, ''la Iglesia es una institución criminal. Toda su historia está manchada de sangre, de mentira, de falsificaciones, de calumnias. Es una institución genocida. Es la que creó la Inquisición, la que lanzó ocho cruzadas contra los musulmanes''. Vallejo se refirió a la inexistencia histórica de Cristo, que es enarbolada por la Iglesia ''para sus atropellos", y cuestionó la incapacidad de esa institución para ponerse de acuerdo en cuál de los tres Cristos que se describen en los Evangelios es el real. De pie, concentrada su mirada siempre en el piso, como si leyera algo en el suelo, el autor cambió de esa posición sólo casi al final, para atender preguntas de la concurrencia, y minutos antes, cuando ladró uno de los perros que lo rodeaban. ''Déjenlo que ladre -espetó-, que aquí estuvo Fox rebuznando seis años y nadie lo pateó". Todo es discutible, señaló el escritor a su auditorio, después de cuestionar la observación de una exiliada chilena, de que Fidel Castro es uno de los líderes más humanos. ''Después discutimos, mi problema ahora es con la Iglesia". Para concluir su disertación, Vallejo consideró: ''La separación de la Iglesia y el Estado es una de las grandes conquistas de la humanidad y que le debemos al siglo XIX. El día en que esa separación acabe será un desastre, porque entraremos en una teocracia y empezaremos a competir con los ayatolas de Irak y tendremos al cardenal Norberto Rivera pesando en grande sobre nosotros".

La idea es que la mentira no quede impune

Jornada

Concluye encuentro en Bolivia; plantean crear una agencia informativa de AL Intelectuales, contra el "poder sin control" de los grandes medios de comunicación Proponen asegurar el acceso a la información como un "derecho humano fundamental" ROSA ROJAS La Paz, 24 de mayo. El quinto Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad concluyó en Cochabamba con la recomendación de crear una agencia informativa latinoamericana, un observatorio de medios y un tribunal que sancione moralmente a los medios de comunicación que mientan u oculten la verdad en su cobertura informativa. En el cónclave de dos días participaron cerca de un centenar de intelectuales y periodistas provenientes de 25 países, entre los que destacaron el sociólogo brasileño, Theotonio dos Santos; el filósofo y teólogo belga, François Houtart; el argentino Atilio Borón; así como los ministros de Cultura de Cuba, Abel Prieto; de Venezuela, Francisco Sesto, y de Ecuador, Antonio Preciado, que en su declaración final se inclinaron por asegurar el derecho a la información como un derecho humano fundamental. En el documento, que recibió esta mañana el presidente boliviano Evo Morales en la sede de gobierno, los integrantes de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad se manifestaron "contra el poder sin control, no democrático e impune de los grandes medios de comunicación que intentan imponer su visión de la realidad y sus valores", acorde a "intereses económicos y políticos de accionistas, financieros y anunciantes". Sin embargo, "las trasnacionales mediáticas están perdiendo credibilidad y se ha echado por tierra el mito de la invulnerabilidad de los medios". "En América Latina hay dos polos equidistantes: por un lado el refuerzo a la soberanía, y por otro, la renuncia al espacio público. Por ejemplo, mientras México está renunciando a ese ámbito para entregarlo a perpetuidad a dos consorcios mediáticos, en Venezuela se está recobrando una concesión que imponía la dictadura de la palabra y la imagen únicas (RCTV). Como dijo el presidente Hugo Chávez, ahora no estamos luchando contra la libertad de prensa, estamos restableciendo esa libertad", cita el texto. Se plantea que es "de primer orden demostrar la ilegitimidad del sistema actual donde los medios están al servicio de los poderosos", en medio de "una enorme concentración antidemocrática y es abrumador el control del capital financiero sobre los grandes medios". Además, se denunció a instituciones y grupos de prensa "que en nombre de un distorsionado concepto de la libertad de expresión sirven a estructuras económicas imperialistas, como Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa". Asimismo, se condena el asesinato, la persecución y la exclusión de los medios de comunicación, de periodistas que han hecho y hacen de su ejercicio una tradición de lucha por los mejores intereses de sus pueblos, y asientan que los estados tienen el deber de garantizar el derecho a la información y la democratización de los medios y el acceso a todos los sectores sociales. Aclaran que el modelo de comunicación que defienden no es "el del 'socialismo real', controlado por una elite política que renunciaba a la pluralidad y a la comunicación verdadera con sus pueblos. Reconocemos que la neutralidad y la imparcialidad no existen: toda información tiene una intencionalidad oculta o manifiesta". Entrevistado por los medios después del acto con Morales, el ministro venezolano Francisco Sesto negó que la cancelación de la concesión al canal televisivo RCTV a partir del próximo domingo atente contra la libertad de expresión, y comparó a esta televisora con "un mal inquilino" al que se le cancela un contrato de arrendamiento. A su vez, el presidente Morales reiteró su queja respecto de que uno de los "principales enemigos" de su gobierno son "algunos medios de comunicación", si bien destacó que esto no es responsabilidad de los trabajadores de los medios sino de "sus propietarios" que buscan mantener sus privilegios. El ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, destacó en entrevista con La Jornada, que de este encuentro haya surgido un plan de acción en el que resaltan la creación de una agencia informativa, un diario digital que se buscaría sea mundial, el Observatorio de Medios y el Tribunal. Este último, dijo, podría aliarse a otros ya existentes, como el Tribunal de los Pueblos. El observatorio, comentó, "cuando se compruebe una mentira flagrante, que el medio está haciendo una campaña de propaganda, cuando esté aplicando, eso decía Chomsky, un modelo de propaganda, (podría) llevar todas esas pruebas ante un tribunal moral y juzgar a esos medios. La idea es que la mentira no quede impune, de que haya una base ética a la hora de informar".

Otra piedra ... Ernestina Ascensión

Jornada

Hubo impunidad y discriminación por razones culturales y de género, advierten Paradigma de la injusticia, el caso de Ernestina Ascensión, afirman expertos EMIR OLIVARES ALONSO El caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada por militares-- se ha vuelto paradigmático, ya que -se haya o no cometido un crimen en su contra- representa la "impunidad" del sistema jurídico por variables culturales o de género, pues se trató de una mujer pobre, vieja y monolingüe, advirtió la directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marisa Belausteguigoitia. La académica alertó que el hecho de que el presidente Felipe Calderón haya adelantado un juicio al respecto cuando aún estaban en proceso las investigaciones, "enreda" el caso y marca el principio del problema, debido a que a partir de dicha declaración comienzan a darse irregularidades. "El Presidente establece la causa de la muerte, pero adelantarse al juicio, aun cuando éste acabe siendo certero, es una medida de poder y de captura de la realidad", advirtió. Durante la mesa de análisis ¿Verdad y justicia?: el caso de Ernestina Ascensión, organizado por el PUEG, la directora de este programa hizo una reflexión sobre las limitaciones la justicia cuando una institución pública se adelanta a un juicio o a investigaciones de la autoridad competente, "sobre todo si el caso se vincula con lenguas 'menores' (en este caso el náhuatl) y sujetos 'marginales'". Para ejemplificar, recordó la época del descubrimiento de América y la posterior conquista de los pueblos mesoamericanos, hechos en los que Cristóbal Colón y los cronistas españoles narran desde su propia visión lo que encontraron en el nuevo continente, lo que definió como un "secuestro" de la realidad. La especialista refirió que el caso de la anciana de la sierra de Zongolica "sufrió variados secuestros, borrones y alteraciones". Belausteguigoitia denunció que con el cierre del caso el pasado martes, fecha límite para que la familia impugnara la resolución de que la anciana murió por causa natural, y no por una violación sexual, se imposibilitó a la víctima y sus deudos tener acceso a la justicia. Además, agregó, la sociedad fue testigo de la imposibilidad de la verdad, debido a que ésta "no puede ser descubierta porque su presencia descalifica a los órganos de gobierno y justicia". Por ello, subrayó, el caso "conlleva fragilidades, al enfrentar varias vertientes: oralidad contra escritura, mujer versus hombre, vejez-juventud, monolingüismo-español, indígena-ejército, y la palabra de estos pueblos frente a la del presidente". Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, señaló que una de las violaciones a los derechos de la anciana fue que se le dio más peso a las investigaciones e indagatorias clínicas que al propio testimonio de la víctima y a la presunción de violación sexual. El legislador destacó que en los pasados diez años la Organización de las Naciones Unidas ha enviado al menos ocho misiones de observación a México por las "constantes" violaciones a derechos humanos por el Estado. Recordó la visita de la relatora sobre Violencia contra la Mujer, que en 2005 documentó "incidentes alarmantes" por la presencia de militares en estados sureños, debido a que habían cometido violaciones y agresiones sexuales contra indígenas. En su turno, el periodista Miguel Angel Granados Chapa dijo que en este caso se han presentado múltiples irregularidades, "como el hecho de que un subsecretario de Gobernación haya visitado a la familia de una mujer que (presuntamente) murió de causa natural", con el propósito de "exculpar" al Ejército. Agregó que pese a que la procuraduría estatal ya emitió su resolución, en la que se exonera a los elementos castrenses, "el caso no está cerrado", pues aún falta el fallo de la justicia militar y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que la comunidad indígena "puede apelar por medio de un amparo contra la conclusión de la justicia veracruzana".

Piedras en el zapato....

Jornada

Resuelve el IFAI que "no es procedente" que la entidad reserve esa información La PFP deberá dar a conocer los nombres de represores en Atenco La difusión de identidades favorece transparencia de la gestión pública, señala el instituto

ELIZABETH VELASCO C.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Policía Federal Preventiva (PFP) dar a conocer los nombres de los tres elementos de esa corporación que fueron sancionados por incurrir en violaciones a los derechos humanos en los operativos de Texcoco y San Salvador Atenco realizados el 3 y 4 de mayo de 2006.

De acuerdo con la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los operativos hubo detención arbitraria, abuso sexual, tortura, trato cruel e inhumano, amenazas, incomunicación, robo, cateos ilegales y otras violaciones a las garantías individuales de pobladores de esas regiones por policías municipales, estatales y de la Federal Preventiva.

En el recurso 1351/07 -cuya dictamen propuso la comisionada María Marván-, la PFP informó que a cada uno de los tres elementos se le impuso una suspensión de labores de 50 días, por incumplir el artículo 135 fracción XVI del reglamento de esa corporación.

Ese artículo señala que los agentes de la PFP deberán "realizar las detenciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la ley y restaurar el orden y la paz públicos".

También se asienta en el oficio PFP/EM/706/2006, enviado por la PFP a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que 51 elementos de la corporación presentaron declaración ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México como parte de la averiguación previa TOL/AMOD/III/73/06 "en condición de agraviados, denunciando lesiones y robo en su perjuicio. En los próximos días declararán 16 más".

En dicho oficio, la PFP informó a la SSP que "no existe ninguna evidencia que permita suponer alguna agresión por parte de personal de esta institución en contra de las mujeres que fueron detenidas". Cabe destacar que de las aprehendidas, 19 mexicanas y cuatro extranjeras denunciaron violación y abuso sexual.

La PFP detalló al IFAI que fue la Comisión de Honor y Justicia de la corporación la que determinó las sanciones, y destacó que decidió reservar los nombres de los sancionados, porque su difusión "podría poner en riesgo la vida y la seguridad de los servidores públicos involucrados, así como la de sus familiares frente a las víctimas o grupos sociales interesados en el asunto, incrementando exponencialmente un perjuicio a su integridad personal".

Empero, la comisionada Marván advirtió que "no resulta procedente" la clasificación de la PFP, pues en este caso la difusión de los nombres "favorece la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas a la sociedad respecto del desempeño de las labores" de los miembros de esa corporación.

Además, el IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República que entregue la información de quienes están en proceso penal acusados de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En la resolución del recurso 1103/07 se asienta que deberá entregar lo relativo a los capos Osiel Cárdenas Guillén, Gilberto Garza García, Ismael Higuera Guerrero (El Mayel), Gilberto Higuera Guerrero (El Gilillo) y Jesús Héctor Palma Salazar (El Güero Palma), los delitos que se les imputan, ante qué juzgados y la etapa en que se encuentran los juicios.

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	Un journal mexicain un livre de Jean-Michel Wissmer [+] Editeur : Bartillat [+] Date de publication : 2/3/2006 ...Jean-Baptiste ne cesse de redécouvrir le Mexique. Guidé par sa passion pour la célèbre poétesse baroque Sor Juana Inés de la Cruz, il nous emmène dans un pays marqué par une ... Voir le livre "Emmenez-moi à l'ange !"

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Ce fut une imposition, plus qu'une négociation

Le Monde

Le Mexique se rebelle contre la toute-puissance de deux groupes de télévision

a Cour suprême du Mexique doit se prononcer sur la très controversée loi Televisa, adoptée en 2006 en pleine campagne présidentielle, qui renforce le pouvoir déjà exorbitant des deux principaux groupes privés de radio-télévision du pays. Aux yeux d'une partie croissante de l'opinion et de la classe politique, à droite comme à gauche, cette loi est un obstacle à une information pluraliste.

Fait exceptionnel, la Cour a décidé que ces délibérations, qui commenceront le 21 mai, seront retransmises en direct sur une chaîne publique, afin de protéger les magistrats des pressions du "duopole" formé par les groupes Televisa et TV Azteca, propriétés des multimillionnaires Emilio Azcarraga et Ricardo Salinas. La "rébellion" contre leur arrogance ne cesse de s'étendre, constate le politologue Sergio Aguayo dans le quotidien libéral Reforma. Selon lui, le président conservateur Felipe Calderon va, à l'inverse de son prédécesseur Vicente Fox, s'efforcer de "contenir le pouvoir excessif accumulé par les télévisions".

Au Mexique, la privatisation menée dans les années 1980 a entraîné une concentration des médias audiovisuels, la presse écrite dite "de qualité" ne touchant que 8 % de la population. En 2005, Televisa et TV Azteca absorbaient 58 % des publicités et produisaient 90 % des contenus audiovisuels.

A elle seule, Televisa contrôle 258 des 455 chaînes locales, et capte 68,5 % de l'audience, contre 28,3 % pour sa rivale. Durant la campagne présidentielle et législative de 2006, 750 000 spots publicitaires ont été diffusés par les radios et télévisions. En échange de cette manne, Televisa sait se montrer accommodante : le 1^er décembre 2006, lors de la prestation de serment mouvementée de M. Calderon devant le Congrès, elle avait trafiqué le son pour atténuer les protestations des élus de gauche.

Le duopole a réussi jusqu'alors à bloquer la création d'une troisième chaîne de télévision gratuite, demandée par la Commission fédérale de la concurrence. A l'automne 2006, Televisa et TV Azteca ont mené une virulente campagne contre le groupe pharmaceutique mexicain Saba et la compagnie américaine General Electric, propriétaire des chaînes NBC et Telemundo, qui voulaient s'implanter au Mexique. Du coup, Televisa a dû renoncer à acquérir Telemundo, leader de la télévision hispanophone aux USA.

Ses seules possibilités d'expansion restent au Mexique, où le duopole a longtemps bénéficié de la complaisance de la classe politique. Le président Fox lui a ainsi fait cadeau, en 2002, des 12,5 % de temps d'antenne légalement réservés aux pouvoirs publics. Televisa et TV Azteca ont de nouveau poussé leurs pions lorsque le Parlement a voulu moderniser la loi sur l'audiovisuel pour intégrer les supports multimédias.

Rédigé par les conseillers juridiques du duopole, le projet a été adopté à l'unanimité par la Chambre des députés, en avril 2006, dans un climat d'intimidation : chacun des trois grands partis a expliqué à son groupe qu'il serait "suicidaire" de se mettre à dos les télévisions à quelques semaines du double scrutin. La loi Televisa consolidait les privilèges du duopole, et menaçait un millier de radios communautaires et indigènes, contraintes d'acheter un coûteux matériel pour se convertir au système digital. Elle a ensuite été ratifiée par la Chambre haute, malgré l'opposition d'un groupe de 47 sénateurs qui ont saisi la Cour suprême.

"Ce fut une imposition, plus qu'une négociation", avouait, début mai, l'ancien ministre de l'intérieur Santiago Creel, du Parti d'action nationale (PAN) au pouvoir, qui avait pourtant accordé au duopole de lucratives concessions pour des jeux, à l'époque où il espérait être le candidat présidentiel de son parti. La gauche, qui s'estime "trahie" par le duopole, après avoir tenté de se ménager ses faveurs, est elle aussi descendue dans l'arène. Pour l'ancien sénateur du PAN, Javier Corral, croisé de la lutte anti-Televisa, il est temps que la politique mexicaine "se libère de la séquestration médiatique" où elle s'est laissé enfermer, et que "l'Etat réagisse contre cette nouvelle Eglise".

Joëlle Stolz

APPO

Jornada

El gobernador dice que aceptará la recomendación APPO: el ombudsman se quedó corto OCTAVIO VELEZ ASCENCIO Oaxaca, Oax., 24 de mayo. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a garantías individuales que perpetraron policías federales y estatales "se quedó corta", porque debió realizar una investigación más amplia para documentar todo lo sucedido durante la jornada de lucha del magisterio y del pueblo, "la cual no ha concluido todavía", afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz dijo aceptar la recomendación de la CNDH, y destacó que analizará con los integrantes de su gabinete los señalamientos, con el propósito de investigar a fondo los hechos y, en caso de alguna responsabilidad, "aplicar todo el peso de la ley" a los servidores públicos responsables. En entrevista, Ulises Ruiz sostuvo que antes de que se emitiera la recomendación se reunió con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, para expresarle su "absoluta disposición" a realizar una indagatoria puntual sobre los acontecimientos. Sin embargo, advirtió que no comparte los señalamientos sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos "cuando son politizadas". Aseguró que "todas las áreas de mi gobierno están abiertas a facilitar lo necesario para que se investiguen los acontecimientos y se proceda conforme a derecho. Pero si no hubiera responsabilidades, pues que queden las cuestiones objetivamente vistas y no politizadas". De su lado, el portavoz de la APPO expuso que el ombudsman evidenció la "actuación autoritaria y fascista" del ex presidente Vicente Fox Quesada; del ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza y del ex secretario de Seguridad Pública Federal, ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así como "del tirano" Ulises Ruiz Ortiz "y sus cómplices", por "mandar a detener y encarcelar injustamente, y sobre todo a matar a alguien" tan sólo "por pensar diferente y no postrarse a sus designios. "Son múltiples violaciones a los derechos humanos y evidentes los delitos que cometieron los policías federales y estatales para reprimir a un movimiento social que lo único que quiere es un mejor Oaxaca", asentó. Ante esto, exigió que las recomendaciones sean atendidas "y se castigue a los responsables de los delitos de lesa humanidad" cometidos en contra del pueblo oaxaqueño. "Tienen que ser castigados e ir a prisión, porque son unos criminales, no como los 26 compañeros que aún están en las cárceles", remarcó. Sin embargo, discrepó de la recomendación de la CNDH por reportar solamente a 12 de 27 fallecidos y ninguna persona desaparecida durante el conflicto político social, así como por atribuir toda la responsabilidad al gobierno de Fox Quesada, dejando de lado al actual presidente, Felipe Calderón. "Lamentablemente no dio cuenta de todas las víctimas, de los 30 desaparecidos y de otros tantos exiliados, a pesar de los testimonios y pruebas entregadas a la CNDH, las cuales también fueron dadas a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que sí las reconoció", asentó. Sobre Calderón, declaró que "también es responsable, porque la sangrienta represión del 25 de noviembre fue decidida ya por él y su gabinete de seguridad". López Martínez también llamó a los turistas nacionales e internacionales a cancelar sus boletos para las presentaciones de la Guelaguetza, que se llevaría a cabo en julio próximo y es organizada por el gobierno estatal, porque será boicoteada, y los convocó a asistir al festival popular alternativo, al cual han convocado la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la APPO, el cual será gratuito. En tanto, el presidente de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco Marqués, demandó a los tres niveles de gobierno garantizar la celebración de las festividades de la Guelaguetza, por ser "inaceptable que un reducido grupo de personas atente contra las tradiciones". Señaló que el año pasado, por el conflicto político social en Oaxaca, la cifra de visitantes bajó a un millón 892 mil, cuando en 2005 se había recibido a 2 millones 100 mil turistas. Mientras tanto, el secretario de Justicia y Seguridad del "gobierno legítimo" de México, Bernardo Bátiz, se comprometió a explorar la posibilidad de que el Gobierno del Distrito Federal "reciba, mientras dura el proceso penal, a los presos de la APPO que están dispersos en (diversos) reclusorios (del país), los cuales han sido maltratados". La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra de Piedra, propuso que las violaciones a las garantías individuales de los detenidos se denuncien ante organismos internacionales.

El tamaño real de la "confianza"

Jornada

México SA Carlos Fernández-Vega México, paraíso para capitales foráneos Redición del discurso foxista de la confianza Trucos contables "inflan" inversión extranjera Confundió Mouriño gubernatura con gasolineras Retorna el discurso foxista de "la confianza" (en "el gobierno y sus instituciones"), y una vez más atiborra el ambiente, para celebrar (Calderón dixit) que "en ningún" trimestre de la historia nacional el río de dólares había irrigado al país en forma de inversión extranjera directa como lo hizo en el primero de este 2007. Como el de las ideas cortas y la lengua larga, Felipe Calderón "olvidó" algo elemental: si la inversión extranjera se mantiene no es precisamente por "confianza" ni por "solidez" económica, sino porque México se ha convertido en uno de los paraísos más preciados para los capitales foráneos, y de ello dan cuenta los 26 mil millones de dólares que en el sexenio foxista remitieron a sus respectivos países de origen en forma de utilidades netas, sin considerar los casi 18 mil millones reinvertidos, por igual concepto en territorio nacional, ni las jugosas exenciones fiscales de las que gozan, ni mucho menos los excesos e impunidad que ese "gobierno" y esas "instituciones" les toleran y garantizan. Tampoco incluye las ganancias especulativas (léase mercado de valores), que se cocinan aparte. El hecho es que en Durango el inquilino de Los Pinos estaba en plena advertencia de que "ni un paso atrás" en eso de que el Ejército regrese a los cuarteles (porque el que va pa'tras es él), cuando se acordó de la buena noticia y del discurso de la "confianza", que su antecesor elevó a grado de nembutal (va choro completo, con todo y sintaxis): "Miren, hace un año, que fue buen año en inversión para México, el 2006. México recibió en los tres primeros meses del año 3 mil millones de dólares de inversión extranjera en México. Hoy me están dando la noticia de que México en los tres primeros meses de este año recibió 6 mil 554, es decir, más del doble de la inversión extranjera del año pasado. Creo que esta cifra es superior a la de cualquier trimestre, primer trimestre de un año y no contamos unas operaciones de compra de bancos que se hicieron en alguna ocasión, es el mayor flujo de inversión hacia nuestro país en todo lo que se tiene de registro para un trimestre. ¿Qué significa esto, duranguenses? Que hay confianza en el país, que se nos está viendo en el mundo que tenemos con qué y traemos ganas de salir adelante. Estas son buenas noticias, buenas noticias de que hay confianza en México, que hay confianza en el país. Así que, excluyendo aquellos trimestres en que se realizaron compra-venta de bancos, éste es el trimestre de mayor captación de inversión extranjera en toda la historia del país, casi el doble o más del doble de los primeros tres meses del 2006 es un buen augurio, ¿saben por qué? Porque eso va a significar a la larga más empleos y mejor pagados para los duranguenses y para los mexicanos". (Dos acotaciones: a) hasta ahora la presencia de inversión extranjera directa en el país no se ha traducido en "más empleos y mejor pagados" para los mexicanos; b) en 2006, de acuerdo con la Cepal, el flujo de capitales foráneos al país cayó 4 por ciento con respecto al monto de 2005). Contento, pues, el inquilino de Los Pinos porque el primer trimestre de 2007 es el más bonito de la historia económica del país (con todo y 2.6 por ciento de "crecimiento" en el PIB y su 4 por ciento desempleo), porque oficialmente ingresaron 6 mil 553.6 millones de dólares en inversión extranjera directa, un monto 66.4 por ciento mayor con respecto a igual periodo de 2006. El problema empieza cuando se desmenuzan esos 6 mil 500 y pico de millones de dólares que motivan la felicidad gubernamental y la "confianza" de los capitales foráneos: inversión nueva, lo que se llama nueva (ergo, billetes frescos) sólo llegaron mil 918.4 millones. El resto, son trucos contables, vestidos de reinversión de utilidades, cuentas entre compañías, e importación de activo fijo por empresas maquiladoras con inversión extranjera, renglones que representan poco más del 70 por ciento del total. Cuando la información se desgrana, entonces la cacareada "confianza" ya no es tanta, y esa es la historia que registra la inversión extranjera directa en el país, porque de los poco más de 161 mil millones de dólares reconocidos oficialmente (1999-2007) como ingreso de capital foráneo productivo, sólo la mitad realmente corresponde a dinero fresco (incluidas fusiones y adquisiciones, como la de Banamex por parte de Citigroup y la de Bancomer por BBVA), y la otra mitad a los descritos trucos contables. Para el caso del histórico primer trimestre de 2007, la propia Secretaría de Economía presenta el balance: de los 6 mil 553.6 millones de dólares, 29.3 por ciento (mil 918.4 millones) corresponde a nuevas inversiones; 36.9 por ciento a reinversión de utilidades (obtenidas en México y que sumaron 2 mil 421.1 millones); 23.3 por ciento a cuentas entre compañías (mil 524 millones) y 10.5 por ciento (690.1 millones) a importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras. Ese es el grado de "confianza" real, que empeora cuando se conoce (información de la Secretaría de Economía) que de los mil 918.4 millones de dólares de inversión realmente nueve, sólo el 7.27 por ciento (139.6 millones) ha sido notificado al Registro Nacional de Inversión Extranjera. El resto, son estimaciones sobre flujo de inversión (mil 700 millones) y fusiones (78 millones). Ese es el alegre motivo del inquilino de Los Pinos, y ese el tamaño real de la "confianza". Las rebanadas del pastel En Yucatán, Juan Camilo Mouriño creyó que negociaba más gasolineras para su Grupo Energético del Sureste, pero le salieron más respondones que cabezones, porque lo que estaba en juego era el gobierno de la entidad. Se quedó sin unas y sin otra, y ahora sólo falta la denuncia por delito electoral.

Las mentiras del espurio para crear su fecalato

Jornada

Editorial Insinuaciones improcedentes El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, declaró ayer, en respuesta al exhorto emitido el miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que se le instó a capacitar a las instituciones civiles de seguridad pública y a frenar el despliegue de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico, que no dará marcha atrás en el empleo del Ejército para hacer frente al crimen organizado, y se preguntó si los legisladores opositores pretenden, con la divulgación del mencionado exhorto, un panorama nacional dominado por la delincuencia. Tal insinuación muestra una deplorable falta de civismo político, resulta ofensiva para el espíritu republicano y sienta un mal precedente en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, y entre éste y la sociedad: los disensos en torno de las estrategias gubernamentales no deben dar lugar a la expresión de sospechas como mero recurso de descalificación de los argumentos contrarios. El llamado del Legislativo, al igual que muchos otros que se han hecho desde diversos sectores de la sociedad civil, no busca -como lo sugirió Calderón Hinojosa- que el gobierno renuncie a combatir el crimen organizado, ni dejar el país a merced de las organizaciones delictivas, ni tolerar la violación de las leyes. La demanda de los legisladores es que éstas se apliquen de manera inteligente, realista y con perspectivas de éxito. Salta a la vista que la estrategia del gobierno federal ha carecido de estas perspectivas: los alardes de poderío militar en las zonas controladas por el narcotráfico parecen más una simulación con tintes mediáticos que, sin embargo, han acarreado un costo inaceptable en vidas, violaciones a los derechos humanos, incertidumbre y terror de la población. Se ha visto, además, por parte de la autoridad federal, un entendimiento muy pobre de los alcances, implicaciones y complejidades sociales, económicas y políticas de este fenómeno delictivo, y ha sido patente la falta de un trabajo de inteligencia, de criminalística y de acciones de desarrollo social en las regiones afectadas. Asimismo, ha resultado pasmosa la movilización casi bélica contra los cárteles sin haber preparado antes a las fuerzas públicas con miras a la confrontación: hasta el discurso oficial da por hecho que las corporaciones policiales, responsables centrales de perseguir a los delincuentes, no son capaces de cumplir con esa tarea por la corrupción en sus filas y por la infiltración de que han sido objeto por parte de la delincuencia organizada. El buen sentido indica que los grupos dedicados al trasiego de estupefacientes habrían sido debilitados con medidas mucho más simples -aunque tal vez de menor alcance mediático- que el uso de la artillería en centros urbanos: por ejemplo, realizar una vigilancia efectiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -por donde entra buena parte de la droga procedente de Sudamérica-, emprender una limpia profunda en las aduanas y mantener una supervisión más estricta de las carreteras nacionales. Desde otro punto de vista, el actual celo gubernamental es poco verosímil si no va acompañado de un deslinde, de una ruptura incluso, con los gobiernos del pasado reciente. De ser cierta la afirmación, repetida una y otra vez en el discurso oficial, de que el Ejército es la única institución capaz de enfrentar a los narcotraficantes y a sus grupos armados, entonces resulta obligado concluir que la creación y el mantenimiento de la Policía Federal Preventiva (PFP) ha sido un dispendio enorme e injustificable, por el cual los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox tendrían que ser llamados a rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad. Es desolador que el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, admita sin tapujos que los delincuentes "nos arrebataron a nuestros policías", habida cuenta de que él fungía como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego como secretario federal de Seguridad Pública en los años en que -cabe suponer- ocurrió tan alarmante expropiación. Otro motivo de preocupación es la confusión que parece haber en el Ejecutivo federal entre soberanía y estado de derecho. Las organizaciones delictivas han invalidado al segundo en grandes regiones del territorio nacional, pero resulta un exceso referirse a ese fenómeno como "arrancar a los mexicanos la soberanía". Si ha de hablarse de vulneraciones a la soberanía habría que empezar por la que se comete al aplicar aquí una estrategia de militarización de la lucha contra las drogas que ha sido diseñada por el gobierno de Estados Unidos, y sería pertinente mencionar también la extradición a ese país de delincuentes mexicanos que cometieron delitos en territorio nacional y que aún tenían pendientes procesos penales en tribunales mexicanos; esas entregas de reos fueron una confesión tácita de la incapacidad de las instituciones judiciales y carcelarias nacionales para juzgar y castigar a los imputados. Para concluir, la respuesta presidencial al exhorto legislativo, lejos de demostrar claridad de dirección en la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado, exhibe confusión y debilidad argumentativa, muestra una vez más la incapacidad del Poder Ejecutivo para hacer frente al problema, y evidencia, para colmo, preocupantes rasgos de intolerancia, cerrazón y autoritarismo.