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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT MEXICAIN EST ENTRE EN GUERRE SAINTE CONTRE SON PROPRE PEUPLE. ARRESTATIONS ARBITRAIRES D'HOMMES POLITIQUES COMME DE SIMPLES PASSANTS QUI AVAIENT LE MALHEUR DE SE TROUVER AU MAUVAIS ENDROIT AU MAUVAIS MOMENT, GENERALISATION DU VIOL DES PRISONNIERES, DE LA TORTURE Y COMPRIS SUR DES ENFANTS DE HUIT A DOUZE ANS , CENSURE DE TOUTE OPPOSITION... LA LUTTE NE FAIT QUE COMMENCER. El nuevo gobierno mexicano a entrado en guerra santa contra su propio pueblo. Imposición, traición, doble discurso, ruptura del pacto social, ningún respeto por los derechos humanos con la consiguiente tortura, prisión, muerte de luchadores sociales e inocentes. Censura y desprecio por la cultura y la educación.... LA LUCHA COMIENZA.

vendredi 25 mai 2007

La idea es que la mentira no quede impune

Jornada

Concluye encuentro en Bolivia; plantean crear una agencia informativa de AL

Intelectuales, contra el "poder sin control" de los grandes medios de comunicación

Proponen asegurar el acceso a la información como un "derecho humano fundamental"

ROSA ROJAS

La Paz, 24 de mayo. El quinto Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad concluyó en Cochabamba con la recomendación de crear una agencia informativa latinoamericana, un observatorio de medios y un tribunal que sancione moralmente a los medios de comunicación que mientan u oculten la verdad en su cobertura informativa.

En el cónclave de dos días participaron cerca de un centenar de intelectuales y periodistas provenientes de 25 países, entre los que destacaron el sociólogo brasileño, Theotonio dos Santos; el filósofo y teólogo belga, François Houtart; el argentino Atilio Borón; así como los ministros de Cultura de Cuba, Abel Prieto; de Venezuela, Francisco Sesto, y de Ecuador, Antonio Preciado, que en su declaración final se inclinaron por asegurar el derecho a la información como un derecho humano fundamental.

En el documento, que recibió esta mañana el presidente boliviano Evo Morales en la sede de gobierno, los integrantes de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad se manifestaron "contra el poder sin control, no democrático e impune de los grandes medios de comunicación que intentan imponer su visión de la realidad y sus valores", acorde a "intereses económicos y políticos de accionistas, financieros y anunciantes". Sin embargo, "las trasnacionales mediáticas están perdiendo credibilidad y se ha echado por tierra el mito de la invulnerabilidad de los medios".

"En América Latina hay dos polos equidistantes: por un lado el refuerzo a la soberanía, y por otro, la renuncia al espacio público. Por ejemplo, mientras México está renunciando a ese ámbito para entregarlo a perpetuidad a dos consorcios mediáticos, en Venezuela se está recobrando una concesión que imponía la dictadura de la palabra y la imagen únicas (RCTV). Como dijo el presidente Hugo Chávez, ahora no estamos luchando contra la libertad de prensa, estamos restableciendo esa libertad", cita el texto.

Se plantea que es "de primer orden demostrar la ilegitimidad del sistema actual donde los medios están al servicio de los poderosos", en medio de "una enorme concentración antidemocrática y es abrumador el control del capital financiero sobre los grandes medios". Además, se denunció a instituciones y grupos de prensa "que en nombre de un distorsionado concepto de la libertad de expresión sirven a estructuras económicas imperialistas, como Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa".

Asimismo, se condena el asesinato, la persecución y la exclusión de los medios de comunicación, de periodistas que han hecho y hacen de su ejercicio una tradición de lucha por los mejores intereses de sus pueblos, y asientan que los estados tienen el deber de garantizar el derecho a la información y la democratización de los medios y el acceso a todos los sectores sociales.

Aclaran que el modelo de comunicación que defienden no es "el del 'socialismo real', controlado por una elite política que renunciaba a la pluralidad y a la comunicación verdadera con sus pueblos. Reconocemos que la neutralidad y la imparcialidad no existen: toda información tiene una intencionalidad oculta o manifiesta".

Entrevistado por los medios después del acto con Morales, el ministro venezolano Francisco Sesto negó que la cancelación de la concesión al canal televisivo RCTV a partir del próximo domingo atente contra la libertad de expresión, y comparó a esta televisora con "un mal inquilino" al que se le cancela un contrato de arrendamiento.

A su vez, el presidente Morales reiteró su queja respecto de que uno de los "principales enemigos" de su gobierno son "algunos medios de comunicación", si bien destacó que esto no es responsabilidad de los trabajadores de los medios sino de "sus propietarios" que buscan mantener sus privilegios.

El ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, destacó en entrevista con La Jornada, que de este encuentro haya surgido un plan de acción en el que resaltan la creación de una agencia informativa, un diario digital que se buscaría sea mundial, el Observatorio de Medios y el Tribunal. Este último, dijo, podría aliarse a otros ya existentes, como el Tribunal de los Pueblos.

El observatorio, comentó, "cuando se compruebe una mentira flagrante, que el medio está haciendo una campaña de propaganda, cuando esté aplicando, eso decía Chomsky, un modelo de propaganda, (podría) llevar todas esas pruebas ante un tribunal moral y juzgar a esos medios. La idea es que la mentira no quede impune, de que haya una base ética a la hora de informar".

Otra piedra ... Ernestina Ascensión

Jornada

Hubo impunidad y discriminación por razones culturales y de género, advierten

Paradigma de la injusticia, el caso de Ernestina Ascensión, afirman expertos

EMIR OLIVARES ALONSO

El caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario -quien presuntamente fue violada por militares-- se ha vuelto paradigmático, ya que -se haya o no cometido un crimen en su contra- representa la "impunidad" del sistema jurídico por variables culturales o de género, pues se trató de una mujer pobre, vieja y monolingüe, advirtió la directora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marisa Belausteguigoitia.

La académica alertó que el hecho de que el presidente Felipe Calderón haya adelantado un juicio al respecto cuando aún estaban en proceso las investigaciones, "enreda" el caso y marca el principio del problema, debido a que a partir de dicha declaración comienzan a darse irregularidades.

"El Presidente establece la causa de la muerte, pero adelantarse al juicio, aun cuando éste acabe siendo certero, es una medida de poder y de captura de la realidad", advirtió.

Durante la mesa de análisis ¿Verdad y justicia?: el caso de Ernestina Ascensión, organizado por el PUEG, la directora de este programa hizo una reflexión sobre las limitaciones la justicia cuando una institución pública se adelanta a un juicio o a investigaciones de la autoridad competente, "sobre todo si el caso se vincula con lenguas 'menores' (en este caso el náhuatl) y sujetos 'marginales'".

Para ejemplificar, recordó la época del descubrimiento de América y la posterior conquista de los pueblos mesoamericanos, hechos en los que Cristóbal Colón y los cronistas españoles narran desde su propia visión lo que encontraron en el nuevo continente, lo que definió como un "secuestro" de la realidad. La especialista refirió que el caso de la anciana de la sierra de Zongolica "sufrió variados secuestros, borrones y alteraciones".

Belausteguigoitia denunció que con el cierre del caso el pasado martes, fecha límite para que la familia impugnara la resolución de que la anciana murió por causa natural, y no por una violación sexual, se imposibilitó a la víctima y sus deudos tener acceso a la justicia.

Además, agregó, la sociedad fue testigo de la imposibilidad de la verdad, debido a que ésta "no puede ser descubierta porque su presencia descalifica a los órganos de gobierno y justicia".

Por ello, subrayó, el caso "conlleva fragilidades, al enfrentar varias vertientes: oralidad contra escritura, mujer versus hombre, vejez-juventud, monolingüismo-español, indígena-ejército, y la palabra de estos pueblos frente a la del presidente".

Al respecto, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Marcos Matías Alonso, señaló que una de las violaciones a los derechos de la anciana fue que se le dio más peso a las investigaciones e indagatorias clínicas que al propio testimonio de la víctima y a la presunción de violación sexual.

El legislador destacó que en los pasados diez años la Organización de las Naciones Unidas ha enviado al menos ocho misiones de observación a México por las "constantes" violaciones a derechos humanos por el Estado.

Recordó la visita de la relatora sobre Violencia contra la Mujer, que en 2005 documentó "incidentes alarmantes" por la presencia de militares en estados sureños, debido a que habían cometido violaciones y agresiones sexuales contra indígenas.

En su turno, el periodista Miguel Angel Granados Chapa dijo que en este caso se han presentado múltiples irregularidades, "como el hecho de que un subsecretario de Gobernación haya visitado a la familia de una mujer que (presuntamente) murió de causa natural", con el propósito de "exculpar" al Ejército.

Agregó que pese a que la procuraduría estatal ya emitió su resolución, en la que se exonera a los elementos castrenses, "el caso no está cerrado", pues aún falta el fallo de la justicia militar y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que la comunidad indígena "puede apelar por medio de un amparo contra la conclusión de la justicia veracruzana".

Piedras en el zapato....

Jornada

Resuelve el IFAI que "no es procedente" que la entidad reserve esa información

La PFP deberá dar a conocer los nombres de represores en Atenco

La difusión de identidades favorece transparencia de la gestión pública, señala el instituto


ELIZABETH VELASCO C.

El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Policía Federal Preventiva (PFP) dar a conocer los nombres de los tres elementos de esa corporación que fueron sancionados por incurrir en violaciones a los derechos humanos en los operativos de Texcoco y San Salvador Atenco realizados el 3 y 4 de mayo de 2006.

De acuerdo con la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en los operativos hubo detención arbitraria, abuso sexual, tortura, trato cruel e inhumano, amenazas, incomunicación, robo, cateos ilegales y otras violaciones a las garantías individuales de pobladores de esas regiones por policías municipales, estatales y de la Federal Preventiva.

En el recurso 1351/07 -cuya dictamen propuso la comisionada María Marván-, la PFP informó que a cada uno de los tres elementos se le impuso una suspensión de labores de 50 días, por incumplir el artículo 135 fracción XVI del reglamento de esa corporación.

Ese artículo señala que los agentes de la PFP deberán "realizar las detenciones que procedan, privilegiando la persuasión, cooperación o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la ley y restaurar el orden y la paz públicos".

También se asienta en el oficio PFP/EM/706/2006, enviado por la PFP a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que 51 elementos de la corporación presentaron declaración ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México como parte de la averiguación previa TOL/AMOD/III/73/06 "en condición de agraviados, denunciando lesiones y robo en su perjuicio. En los próximos días declararán 16 más".

En dicho oficio, la PFP informó a la SSP que "no existe ninguna evidencia que permita suponer alguna agresión por parte de personal de esta institución en contra de las mujeres que fueron detenidas". Cabe destacar que de las aprehendidas, 19 mexicanas y cuatro extranjeras denunciaron violación y abuso sexual.

La PFP detalló al IFAI que fue la Comisión de Honor y Justicia de la corporación la que determinó las sanciones, y destacó que decidió reservar los nombres de los sancionados, porque su difusión "podría poner en riesgo la vida y la seguridad de los servidores públicos involucrados, así como la de sus familiares frente a las víctimas o grupos sociales interesados en el asunto, incrementando exponencialmente un perjuicio a su integridad personal".

Empero, la comisionada Marván advirtió que "no resulta procedente" la clasificación de la PFP, pues en este caso la difusión de los nombres "favorece la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas a la sociedad respecto del desempeño de las labores" de los miembros de esa corporación.

Además, el IFAI ordenó a la Procuraduría General de la República que entregue la información de quienes están en proceso penal acusados de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En la resolución del recurso 1103/07 se asienta que deberá entregar lo relativo a los capos Osiel Cárdenas Guillén, Gilberto Garza García, Ismael Higuera Guerrero (El Mayel), Gilberto Higuera Guerrero (El Gilillo) y Jesús Héctor Palma Salazar (El Güero Palma), los delitos que se les imputan, ante qué juzgados y la etapa en que se encuentran los juicios.

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Date de publication : 20/10/2005
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Date de publication : 15/2/2007

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Editeur : Futuropolis [+]
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Emmenez-moi à l'ange ! Livres

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Editeur : Bartillat [+]
Date de publication : 2/3/2006

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Catégorie : Musique [+]
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Ce fut une imposition, plus qu'une négociation

Le Monde

Le Mexique se rebelle contre la toute-puissance de deux groupes de télévision


a Cour suprême du Mexique doit se prononcer sur la très controversée loi Televisa, adoptée en 2006 en pleine campagne présidentielle, qui renforce le pouvoir déjà exorbitant des deux principaux groupes privés de radio-télévision du pays. Aux yeux d'une partie croissante de l'opinion et de la classe politique, à droite comme à gauche, cette loi est un obstacle à une information pluraliste.


Fait exceptionnel, la Cour a décidé que ces délibérations, qui commenceront le 21 mai, seront retransmises en direct sur une chaîne publique, afin de protéger les magistrats des pressions du "duopole" formé par les groupes Televisa et TV Azteca, propriétés des multimillionnaires Emilio Azcarraga et Ricardo Salinas. La "rébellion" contre leur arrogance ne cesse de s'étendre, constate le politologue Sergio Aguayo dans le quotidien libéral Reforma. Selon lui, le président conservateur Felipe Calderon va, à l'inverse de son prédécesseur Vicente Fox, s'efforcer de "contenir le pouvoir excessif accumulé par les télévisions".

Au Mexique, la privatisation menée dans les années 1980 a entraîné une concentration des médias audiovisuels, la presse écrite dite "de qualité" ne touchant que 8 % de la population. En 2005, Televisa et TV Azteca absorbaient 58 % des publicités et produisaient 90 % des contenus audiovisuels.

A elle seule, Televisa contrôle 258 des 455 chaînes locales, et capte 68,5 % de l'audience, contre 28,3 % pour sa rivale. Durant la campagne présidentielle et législative de 2006, 750 000 spots publicitaires ont été diffusés par les radios et télévisions. En échange de cette manne, Televisa sait se montrer accommodante : le 1er décembre 2006, lors de la prestation de serment mouvementée de M. Calderon devant le Congrès, elle avait trafiqué le son pour atténuer les protestations des élus de gauche.

Le duopole a réussi jusqu'alors à bloquer la création d'une troisième chaîne de télévision gratuite, demandée par la Commission fédérale de la concurrence. A l'automne 2006, Televisa et TV Azteca ont mené une virulente campagne contre le groupe pharmaceutique mexicain Saba et la compagnie américaine General Electric, propriétaire des chaînes NBC et Telemundo, qui voulaient s'implanter au Mexique. Du coup, Televisa a dû renoncer à acquérir Telemundo, leader de la télévision hispanophone aux USA.

Ses seules possibilités d'expansion restent au Mexique, où le duopole a longtemps bénéficié de la complaisance de la classe politique. Le président Fox lui a ainsi fait cadeau, en 2002, des 12,5 % de temps d'antenne légalement réservés aux pouvoirs publics. Televisa et TV Azteca ont de nouveau poussé leurs pions lorsque le Parlement a voulu moderniser la loi sur l'audiovisuel pour intégrer les supports multimédias.

Rédigé par les conseillers juridiques du duopole, le projet a été adopté à l'unanimité par la Chambre des députés, en avril 2006, dans un climat d'intimidation : chacun des trois grands partis a expliqué à son groupe qu'il serait "suicidaire" de se mettre à dos les télévisions à quelques semaines du double scrutin. La loi Televisa consolidait les privilèges du duopole, et menaçait un millier de radios communautaires et indigènes, contraintes d'acheter un coûteux matériel pour se convertir au système digital. Elle a ensuite été ratifiée par la Chambre haute, malgré l'opposition d'un groupe de 47 sénateurs qui ont saisi la Cour suprême.

"Ce fut une imposition, plus qu'une négociation", avouait, début mai, l'ancien ministre de l'intérieur Santiago Creel, du Parti d'action nationale (PAN) au pouvoir, qui avait pourtant accordé au duopole de lucratives concessions pour des jeux, à l'époque où il espérait être le candidat présidentiel de son parti. La gauche, qui s'estime "trahie" par le duopole, après avoir tenté de se ménager ses faveurs, est elle aussi descendue dans l'arène. Pour l'ancien sénateur du PAN, Javier Corral, croisé de la lutte anti-Televisa, il est temps que la politique mexicaine "se libère de la séquestration médiatique" où elle s'est laissé enfermer, et que "l'Etat réagisse contre cette nouvelle Eglise".

Joëlle Stolz

APPO

Jornada

El gobernador dice que aceptará la recomendación

APPO: el ombudsman se quedó corto

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO

Oaxaca, Oax., 24 de mayo. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a garantías individuales que perpetraron policías federales y estatales "se quedó corta", porque debió realizar una investigación más amplia para documentar todo lo sucedido durante la jornada de lucha del magisterio y del pueblo, "la cual no ha concluido todavía", afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz dijo aceptar la recomendación de la CNDH, y destacó que analizará con los integrantes de su gabinete los señalamientos, con el propósito de investigar a fondo los hechos y, en caso de alguna responsabilidad, "aplicar todo el peso de la ley" a los servidores públicos responsables.

En entrevista, Ulises Ruiz sostuvo que antes de que se emitiera la recomendación se reunió con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, para expresarle su "absoluta disposición" a realizar una indagatoria puntual sobre los acontecimientos.

Sin embargo, advirtió que no comparte los señalamientos sobre su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos "cuando son politizadas". Aseguró que "todas las áreas de mi gobierno están abiertas a facilitar lo necesario para que se investiguen los acontecimientos y se proceda conforme a derecho. Pero si no hubiera responsabilidades, pues que queden las cuestiones objetivamente vistas y no politizadas".

De su lado, el portavoz de la APPO expuso que el ombudsman evidenció la "actuación autoritaria y fascista" del ex presidente Vicente Fox Quesada; del ex secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza y del ex secretario de Seguridad Pública Federal, ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así como "del tirano" Ulises Ruiz Ortiz "y sus cómplices", por "mandar a detener y encarcelar injustamente, y sobre todo a matar a alguien" tan sólo "por pensar diferente y no postrarse a sus designios.

"Son múltiples violaciones a los derechos humanos y evidentes los delitos que cometieron los policías federales y estatales para reprimir a un movimiento social que lo único que quiere es un mejor Oaxaca", asentó.

Ante esto, exigió que las recomendaciones sean atendidas "y se castigue a los responsables de los delitos de lesa humanidad" cometidos en contra del pueblo oaxaqueño. "Tienen que ser castigados e ir a prisión, porque son unos criminales, no como los 26 compañeros que aún están en las cárceles", remarcó.

Sin embargo, discrepó de la recomendación de la CNDH por reportar solamente a 12 de 27 fallecidos y ninguna persona desaparecida durante el conflicto político social, así como por atribuir toda la responsabilidad al gobierno de Fox Quesada, dejando de lado al actual presidente, Felipe Calderón.

"Lamentablemente no dio cuenta de todas las víctimas, de los 30 desaparecidos y de otros tantos exiliados, a pesar de los testimonios y pruebas entregadas a la CNDH, las cuales también fueron dadas a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que sí las reconoció", asentó.

Sobre Calderón, declaró que "también es responsable, porque la sangrienta represión del 25 de noviembre fue decidida ya por él y su gabinete de seguridad".

López Martínez también llamó a los turistas nacionales e internacionales a cancelar sus boletos para las presentaciones de la Guelaguetza, que se llevaría a cabo en julio próximo y es organizada por el gobierno estatal, porque será boicoteada, y los convocó a asistir al festival popular alternativo, al cual han convocado la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la APPO, el cual será gratuito.

En tanto, el presidente de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco Marqués, demandó a los tres niveles de gobierno garantizar la celebración de las festividades de la Guelaguetza, por ser "inaceptable que un reducido grupo de personas atente contra las tradiciones".

Señaló que el año pasado, por el conflicto político social en Oaxaca, la cifra de visitantes bajó a un millón 892 mil, cuando en 2005 se había recibido a 2 millones 100 mil turistas.

Mientras tanto, el secretario de Justicia y Seguridad del "gobierno legítimo" de México, Bernardo Bátiz, se comprometió a explorar la posibilidad de que el Gobierno del Distrito Federal "reciba, mientras dura el proceso penal, a los presos de la APPO que están dispersos en (diversos) reclusorios (del país), los cuales han sido maltratados". La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Rosario Ibarra de Piedra, propuso que las violaciones a las garantías individuales de los detenidos se denuncien ante organismos internacionales.

El tamaño real de la "confianza"

Jornada

México SA

Carlos Fernández-Vega

México, paraíso para capitales foráneos

Redición del discurso foxista de la confianza

Trucos contables "inflan" inversión extranjera

Confundió Mouriño gubernatura con gasolineras

Retorna el discurso foxista de "la confianza" (en "el gobierno y sus instituciones"), y una vez más atiborra el ambiente, para celebrar (Calderón dixit) que "en ningún" trimestre de la historia nacional el río de dólares había irrigado al país en forma de inversión extranjera directa como lo hizo en el primero de este 2007.

Como el de las ideas cortas y la lengua larga, Felipe Calderón "olvidó" algo elemental: si la inversión extranjera se mantiene no es precisamente por "confianza" ni por "solidez" económica, sino porque México se ha convertido en uno de los paraísos más preciados para los capitales foráneos, y de ello dan cuenta los 26 mil millones de dólares que en el sexenio foxista remitieron a sus respectivos países de origen en forma de utilidades netas, sin considerar los casi 18 mil millones reinvertidos, por igual concepto en territorio nacional, ni las jugosas exenciones fiscales de las que gozan, ni mucho menos los excesos e impunidad que ese "gobierno" y esas "instituciones" les toleran y garantizan. Tampoco incluye las ganancias especulativas (léase mercado de valores), que se cocinan aparte.

El hecho es que en Durango el inquilino de Los Pinos estaba en plena advertencia de que "ni un paso atrás" en eso de que el Ejército regrese a los cuarteles (porque el que va pa'tras es él), cuando se acordó de la buena noticia y del discurso de la "confianza", que su antecesor elevó a grado de nembutal (va choro completo, con todo y sintaxis):

"Miren, hace un año, que fue buen año en inversión para México, el 2006. México recibió en los tres primeros meses del año 3 mil millones de dólares de inversión extranjera en México. Hoy me están dando la noticia de que México en los tres primeros meses de este año recibió 6 mil 554, es decir, más del doble de la inversión extranjera del año pasado. Creo que esta cifra es superior a la de cualquier trimestre, primer trimestre de un año y no contamos unas operaciones de compra de bancos que se hicieron en alguna ocasión, es el mayor flujo de inversión hacia nuestro país en todo lo que se tiene de registro para un trimestre. ¿Qué significa esto, duranguenses? Que hay confianza en el país, que se nos está viendo en el mundo que tenemos con qué y traemos ganas de salir adelante. Estas son buenas noticias, buenas noticias de que hay confianza en México, que hay confianza en el país. Así que, excluyendo aquellos trimestres en que se realizaron compra-venta de bancos, éste es el trimestre de mayor captación de inversión extranjera en toda la historia del país, casi el doble o más del doble de los primeros tres meses del 2006 es un buen augurio, ¿saben por qué? Porque eso va a significar a la larga más empleos y mejor pagados para los duranguenses y para los mexicanos". (Dos acotaciones: a) hasta ahora la presencia de inversión extranjera directa en el país no se ha traducido en "más empleos y mejor pagados" para los mexicanos; b) en 2006, de acuerdo con la Cepal, el flujo de capitales foráneos al país cayó 4 por ciento con respecto al monto de 2005).

Contento, pues, el inquilino de Los Pinos porque el primer trimestre de 2007 es el más bonito de la historia económica del país (con todo y 2.6 por ciento de "crecimiento" en el PIB y su 4 por ciento desempleo), porque oficialmente ingresaron 6 mil 553.6 millones de dólares en inversión extranjera directa, un monto 66.4 por ciento mayor con respecto a igual periodo de 2006.

El problema empieza cuando se desmenuzan esos 6 mil 500 y pico de millones de dólares que motivan la felicidad gubernamental y la "confianza" de los capitales foráneos: inversión nueva, lo que se llama nueva (ergo, billetes frescos) sólo llegaron mil 918.4 millones. El resto, son trucos contables, vestidos de reinversión de utilidades, cuentas entre compañías, e importación de activo fijo por empresas maquiladoras con inversión extranjera, renglones que representan poco más del 70 por ciento del total.

Cuando la información se desgrana, entonces la cacareada "confianza" ya no es tanta, y esa es la historia que registra la inversión extranjera directa en el país, porque de los poco más de 161 mil millones de dólares reconocidos oficialmente (1999-2007) como ingreso de capital foráneo productivo, sólo la mitad realmente corresponde a dinero fresco (incluidas fusiones y adquisiciones, como la de Banamex por parte de Citigroup y la de Bancomer por BBVA), y la otra mitad a los descritos trucos contables.

Para el caso del histórico primer trimestre de 2007, la propia Secretaría de Economía presenta el balance: de los 6 mil 553.6 millones de dólares, 29.3 por ciento (mil 918.4 millones) corresponde a nuevas inversiones; 36.9 por ciento a reinversión de utilidades (obtenidas en México y que sumaron 2 mil 421.1 millones); 23.3 por ciento a cuentas entre compañías (mil 524 millones) y 10.5 por ciento (690.1 millones) a importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras.

Ese es el grado de "confianza" real, que empeora cuando se conoce (información de la Secretaría de Economía) que de los mil 918.4 millones de dólares de inversión realmente nueve, sólo el 7.27 por ciento (139.6 millones) ha sido notificado al Registro Nacional de Inversión Extranjera. El resto, son estimaciones sobre flujo de inversión (mil 700 millones) y fusiones (78 millones).

Ese es el alegre motivo del inquilino de Los Pinos, y ese el tamaño real de la "confianza".

Las rebanadas del pastel

En Yucatán, Juan Camilo Mouriño creyó que negociaba más gasolineras para su Grupo Energético del Sureste, pero le salieron más respondones que cabezones, porque lo que estaba en juego era el gobierno de la entidad. Se quedó sin unas y sin otra, y ahora sólo falta la denuncia por delito electoral.

Las mentiras del espurio para crear su fecalato

Jornada

Editorial

Insinuaciones improcedentes

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, declaró ayer, en respuesta al exhorto emitido el miércoles por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que se le instó a capacitar a las instituciones civiles de seguridad pública y a frenar el despliegue de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico, que no dará marcha atrás en el empleo del Ejército para hacer frente al crimen organizado, y se preguntó si los legisladores opositores pretenden, con la divulgación del mencionado exhorto, un panorama nacional dominado por la delincuencia.

Tal insinuación muestra una deplorable falta de civismo político, resulta ofensiva para el espíritu republicano y sienta un mal precedente en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, y entre éste y la sociedad: los disensos en torno de las estrategias gubernamentales no deben dar lugar a la expresión de sospechas como mero recurso de descalificación de los argumentos contrarios. El llamado del Legislativo, al igual que muchos otros que se han hecho desde diversos sectores de la sociedad civil, no busca -como lo sugirió Calderón Hinojosa- que el gobierno renuncie a combatir el crimen organizado, ni dejar el país a merced de las organizaciones delictivas, ni tolerar la violación de las leyes. La demanda de los legisladores es que éstas se apliquen de manera inteligente, realista y con perspectivas de éxito.

Salta a la vista que la estrategia del gobierno federal ha carecido de estas perspectivas: los alardes de poderío militar en las zonas controladas por el narcotráfico parecen más una simulación con tintes mediáticos que, sin embargo, han acarreado un costo inaceptable en vidas, violaciones a los derechos humanos, incertidumbre y terror de la población. Se ha visto, además, por parte de la autoridad federal, un entendimiento muy pobre de los alcances, implicaciones y complejidades sociales, económicas y políticas de este fenómeno delictivo, y ha sido patente la falta de un trabajo de inteligencia, de criminalística y de acciones de desarrollo social en las regiones afectadas. Asimismo, ha resultado pasmosa la movilización casi bélica contra los cárteles sin haber preparado antes a las fuerzas públicas con miras a la confrontación: hasta el discurso oficial da por hecho que las corporaciones policiales, responsables centrales de perseguir a los delincuentes, no son capaces de cumplir con esa tarea por la corrupción en sus filas y por la infiltración de que han sido objeto por parte de la delincuencia organizada.

El buen sentido indica que los grupos dedicados al trasiego de estupefacientes habrían sido debilitados con medidas mucho más simples -aunque tal vez de menor alcance mediático- que el uso de la artillería en centros urbanos: por ejemplo, realizar una vigilancia efectiva en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -por donde entra buena parte de la droga procedente de Sudamérica-, emprender una limpia profunda en las aduanas y mantener una supervisión más estricta de las carreteras nacionales.

Desde otro punto de vista, el actual celo gubernamental es poco verosímil si no va acompañado de un deslinde, de una ruptura incluso, con los gobiernos del pasado reciente. De ser cierta la afirmación, repetida una y otra vez en el discurso oficial, de que el Ejército es la única institución capaz de enfrentar a los narcotraficantes y a sus grupos armados, entonces resulta obligado concluir que la creación y el mantenimiento de la Policía Federal Preventiva (PFP) ha sido un dispendio enorme e injustificable, por el cual los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox tendrían que ser llamados a rendir cuentas ante la justicia y ante la sociedad. Es desolador que el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, admita sin tapujos que los delincuentes "nos arrebataron a nuestros policías", habida cuenta de que él fungía como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y luego como secretario federal de Seguridad Pública en los años en que -cabe suponer- ocurrió tan alarmante expropiación.

Otro motivo de preocupación es la confusión que parece haber en el Ejecutivo federal entre soberanía y estado de derecho. Las organizaciones delictivas han invalidado al segundo en grandes regiones del territorio nacional, pero resulta un exceso referirse a ese fenómeno como "arrancar a los mexicanos la soberanía". Si ha de hablarse de vulneraciones a la soberanía habría que empezar por la que se comete al aplicar aquí una estrategia de militarización de la lucha contra las drogas que ha sido diseñada por el gobierno de Estados Unidos, y sería pertinente mencionar también la extradición a ese país de delincuentes mexicanos que cometieron delitos en territorio nacional y que aún tenían pendientes procesos penales en tribunales mexicanos; esas entregas de reos fueron una confesión tácita de la incapacidad de las instituciones judiciales y carcelarias nacionales para juzgar y castigar a los imputados.

Para concluir, la respuesta presidencial al exhorto legislativo, lejos de demostrar claridad de dirección en la estrategia gubernamental para combatir el crimen organizado, exhibe confusión y debilidad argumentativa, muestra una vez más la incapacidad del Poder Ejecutivo para hacer frente al problema, y evidencia, para colmo, preocupantes rasgos de intolerancia, cerrazón y autoritarismo.

mercredi 23 mai 2007

Fecal se va a Roma.....

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Diario Libertad


Julio Ricardo Blanchet Cruz

* De mal en peor...

El que el Presidente del nuevo $anto Oficio haya decidido ir a Roma, según esto para interiorizarse de cómo es que se efectúa el combate a las mafias; además de lucir un tanto cuanto extemporáneo (aunque es de reconocerse que el saber no duele y nunca es tarde para aprender)...

En el presente caso, después de haberle imprudentemente declarado la guerra sin cuartel a la delincuencia, principalmente al narcotráfico (la vertiente más rica y poderosa de la delincuencia organizada) más parece ser que lo que quiere es un pretexto para ir a ver al llamado Papa Benedictus XVI...

A quien no pocos mexicanos consideran como el Jefe del michoacano; toda vez que el perverso alemán (pervertido también cabría) sigue entrometiéndose en nuestra política interna sin que el abad de Bucareli haga absolutamente nada al respecto...

Como no sea seguir atemorizando a la sociedad con sus declaraciones de que “la guerra apenas comienza, es para seis años y apenas van seis meses”. Cuando por otro lado los ciudadanos, amedrentados por las represalias solo vistas en las dictaduras, carecen de los medios para hacerse escuchar pacíficamente, toda vez que la mayoría de los mismos (los medios de comunicación) se encuentran al servicio del Gobierno...

Razón por la cual el boicot a la Coca-Cola fijado para el 4 de Julio próximo, al parecer comienza a tener aceptación en una sociedad, que dicho sea dolorosamente, confía en la virgen de Guadalupe y consume refrescos de la citada marca, como si fueran manda...

Aún así, la mayoría de los mexicanos reprueba tajantemente la sumisión hacia la igle$ia del dios judío que el presente Gobierno ha demostrado; y se sienten ofendidos por la intromisión del mentado Papa...

Que de venir a nuestro México, seguramente que no sería recibido de la misma manera que idólatramente recibió a su hipócrita antecesor, quien revestido de una falsa bonomía ensangrentó medio mundo con sus “viajes pastorales” que invariablemente llevaron desgracias a los pueblos por donde pasó (mucho peor que el caballo de Atila, que donde pisaba no volvía a crecer ni el pasto...

Sin soslayar que la igle$ia de Roma históricamente ha sido la enemiga de nuestro México; y lo sigue siendo de lo que aún nos queda de él...

Mal empieza la semana al que ahorcan en lunes, reza el conocido adagio; y mal empieza el Presidente Calderón con su visita al $umo Pontífice, cuando su comportamiento dista mucho de ser el del Presidente de una Nación laica como lo es la nuestra...

Por lo demás, cabe mencionar que ni las “bendiciones” romanas podrán ayudar al insensato combate a las mafias que ha declarado abiertamente; como tampoco le servirá de nada su participación en el foro contra las mafias en el que intervendrá...

¡Total!. Más viajes, más gastos; y nada. Solo que con esta continuidad de Gobierno, ahora vamos de mal en peor...

Y nos vemos mañana, si el Sol me presta vida.

Candidatos maiceados


Reconocimiento


Las armas de Ulises


Helguera - La Jornada
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La dictadora perfecta


Rocha - La Jornada
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México vivo


Ahumada - La Jornada

Ah bon?????

Le monde

Le pape admet des injustices avec la colonisation des Amériques


CITE DU VATICAN (Reuters) - Benoît XVI a reconnu mercredi que des injustices avaient été commises lors de la colonisation des Amériques mais il n'a pas formulé d'excuses pour ses propos controversés affirmant que les peuples indigènes du continent avaient été "purifiés" par l'Eglise catholique.

"Alors que nous n'oublions pas les injustices et les souffrances diverses qui ont accompagné la colonisation, l'Evangile a exprimé et continue d'exprimer l'identité des peuples de cette région", a déclaré le pape.

Lors de son voyage au Brésil, Benoît XVI a déclaré le 13 mai que les peuples d'Amérique avaient salué l'arrivée des prêtres lors de la conquête du continent par les Européens, car ils "attendaient silencieusement" la foi chrétienne.

Ses propos ont suscité de vives critiques, notamment de la part du président vénézuélien Hugo Chavez, en raison des millions de morts provoqués par les massacres et l'asservissement des populations indigènes.

"Les souvenirs d'un glorieux passé ne peuvent éluder les ombres qui ont plané sur le processus d'évangélisation de l'Amérique latine", a ajouté le pape.

"Il n'est en fait pas possible d'oublier les souffrances, les injustices infligées par les colonisateurs à la population indigène, dont les droits humains et fondamentaux ont été souvent bafoués", a dit le souverain pontife, dont le message lu en italien est plus fort qu'un texte en anglais communiqué auparavant.

Chavez accuse Benoît XVI d'ignorer ce qu'il appelle l'"holocauste" qui a suivi la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492. Les dirigeants indiens du Brésil se sont dits blessés par les propos "arrogants et irrespectueux" du pape.

Del sendero del peje

Hasta ahora se dan cuenta??????

Jornada

Al rendir protesta no contrajo ningún compromiso claro con los derechos humanos, dice

Cuestiona AI el controvertido proceso en que resultó electo Felipe Calderón

Preocupante, el nombramiento del secretario de Gobernación; persisten tortura e impunidad, señala

VICTOR BALLINAS

En su informe anual 2007, Amnistía Internacional (AI) resalta que Felipe Calderón fue elegido presidente en un controvertido proceso electoral, y la imparcialidad de las elecciones y el estrecho margen de la victoria del Partido Acción Nacional (PAN) fueron cuestionados por el candidato que obtuvo el segundo lugar, Andrés Manuel López Obrador, postulado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.

El organismo internacional subraya que, al rendir protesta, Calderón no contrajo ningún compromiso claro de fortalecer la protección de los derechos humanos y, por el contrario, ''fue motivo de preocupación el nombramiento que hizo como secretario de Gobernación de Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, que cuando tuvo ese cargo no impidió ni castigó las violaciones graves a easas garantías cometidas en aquella entidad''. Los altermundistas torturados, detenidos ilegalmente e incomunicados, son un ejemplo de lo anterior.

AI destaca en su informe 2007 que, en el caso de México, Vicente Fox Quesada concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de derechos humanos y a combatir la impunidad, que siguieron siendo generalizadas.

Amnistía Internacional denuncia en dicho informe mundial que en México ''continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados; asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables''.

Por lo que hace a la violencia contra las mujeres, AI subraya que ''siguió siendo endémica en muchas entidades'' y cita el caso de Ciudad Juárez; además, varios periodistas fueron asesinados y defensores de derechos humanos y oponentes políticos siguieron corriendo peligro, sufrieron hostigamiento y fueron procesados con procedimientos infundados.

La organización internacional sostiene que los elevados índices de delincuencia y la inseguridad pública continuaron ocupando un lugar destacado en las preocupaciones de la opinión pública, y hace notar que ''los altos índices de esa delincuencia, en muchos casos relacionada con el narcotráfico, menoscabaron la seguridad pública en muchas zonas del país, en tanto que operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos''.

Subraya que durante 2006 recibió informes de ''violaciones graves en el estado de Oaxaca, en el contexto de una dilatada crisis política". Hace notar que en junio de ese año, la policía local usó fuerza excesiva en contra de los maestros en huelga que habían ocupado y paralizado el centro de la ciudad capital de ese estado. ''Se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo torturas, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban''.

Amnistía da cuenta del reiterado ''uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos''; por ejemplo, refiere el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), en Michoacán, donde en abril de 2006 policías federales y estatales desalojaron a mineros en huelga que bloqueaban el acceso a la planta. ''Tras el desalojo se produjeron enfrentamientos violentos en los que murieron, a consecuencia de disparos efectuados por la policía, José Luis Castillo Zúñiga y Héctor Alvarez Gómez; 54 personas más resultaron con lesiones, entre ellos agentes policiales''.

El informe enfatiza en que a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por el caso Sicartsa, porque consideró que las policías federal y estatal actuaron ilegalmente y solicitó una investigación ''criminal'', las autoridades se negaron a llevarla a cabo.

También da cuenta del operativo policiaco en San Salvador Atenco, el 3 de mayo de 2006. Dice que, según los informes, varios agentes estaban retenidos, por lo que ''la policía utilizó gas lacrimógeno, toletes y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión''.

En estos hechos, acusa AI, 47 mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel. ''Al menos 26 de ellas denunciaron ante la CNDH que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores''.

El organismo internacional señala que durante 2006 en México persistieron detenciones arbitrarias, malos tratos, tortura y la vulneración del derecho al debido proceso de presuntos delincuentes. ''Los tribunales continuaron pasando por alto los informes de tales abusos. En muchos casos se negó el acceso a asistencia letrada (abogados) en las fases iniciales de la detención, y con frecuencia los licenciados designados por el Estado no garantizaron el derecho a una defensa efectiva".

El informe será presentado este miércoles y recalca que ''a los detenidos más pobres y desfavorecidos, como los indígenas, se les negó a menudo la aplicación de normas mínimas de imparcialidad''.

Ley televisa

Jornada

Editorial

Ley Televisa, encrucijada de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el lunes el debate sobre la constitucionalidad de la Ley Federal de Radio y Televisión, mejor conocida como ley Televisa. En el transcurso de este proceso, el máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación tendrá en sus manos nada menos que el futuro de una norma aprobada en el contexto de un agudo proceso de perversión de las instituciones por parte de poderes fácticos claramente identificados: el duopolio televisivo y los grandes consorcios radiales, que contaron con la complicidad inescrupulosa del grupo en el poder: la Presidencia de la República y las cúpulas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), empecinadas en cerrar, al precio que fuera, el paso a un proyecto político y económico alternativo y con orientación social.

El carácter inmoral de esta ley es tan evidente que incluso algunos personeros de los intereses empresariales que la redactaron así lo han reconocido, por más que en su momento no hicieron nada para impedir su aprobación: antes bien, la hicieron posible.

Es preciso recordar que la legislación referida es, en primer lugar, discriminatoria y excluyente, pues tiene una clara dedicatoria para las dos principales empresas televisivas del país (Televisa y Tv Azteca) y para las empresas radiofónicas más poderosas, y tiende a impedir al resto de la sociedad el acceso al espectro radioeléctrico de la nación. Entre los excluidos están las cadenas radiales medianas y pequeñas, los medios electrónicos educativos y culturales (los canales 11 y 22, por ejemplo), las radios universitarias, educativas (Radio UNAM y Radio Educación, entre las principales) y estatales, como el propio Instituto Mexicano de la Radio (Imer), así como estaciones comunitarias, radios cooperativas y otros. Es decir, esta ley impide, en los hechos, que la gran mayoría de la sociedad acceda a un espacio en la banda de frecuencias y otorga esa facultad exclusivamente a quienes tengan concesiones previas y un enorme poderío financiero. Pero la norma es impresentable por otra razón: por medio de ella se pretende regalar a particulares un bien público, una extensión del territorio nacional, como lo es el espectro de señales electromagnéticas. Es, pues, una lgislación que podría llegar a ser válida en lo formal, pero que en sus términos actuales resulta profundamente inmoral y contraria a los intereses nacionales.

Más allá de las críticas que la ley Televisa merece en lo que respecta a su contenido, debe señalarse también la forma sumamente desaseada en que fue aprobada por el Legislativo: por un lado, se maniobró para sorprender a la Cámara de Diputados a fin de que en San Lázaro fuera aceptada sin traspiés, en lo que constituyó uno de los episodios más vergonzosos de la historia legislativa del país; por el otro, cuando el engendro legal llegó a la Cámara de Senadores, los intereses político-empresariales ejercieron sobre los integrantes de ese cuerpo legislativo presiones y chantajes de toda clase, si no es que compra de voluntades o intercambio de favores por manos alzadas. De esa manera se pervirtió al Senado hasta el punto en que éste dejó de ser representante de la sociedad y devino gestor de los corporativos televisivos y radiofónicos.

El hecho de que integrantes de las tres principales fuerzas políticas del país persistan en señalar la perversidad innata de esta ley da cuenta de que la discusión acerca de su legitimidad no es necesariamente un debate "partidizado". Lo que está en juego, en cambio, es la preminencia de una camarilla político-empresarial corrupta y monopólica por sobre los intereses de la nación y la consagración legal de poderes económicos fácticos por encima de las instituciones formales.

La Suprema Corte está ante la disyuntiva de redimirse como institución ante una historia de fallos atroces y favorables a los intereses del gran capital y al grupo en el poder; el más reciente de ellos, vale la pena recordarlo, fue la negativa a ejercer su facultad de juzgar asuntos electorales durante el conflicto poselectoral de 2006. Ayer, el ministro Salvador Aguirre Anguiano exaltó la imparcialidad del organismo del que forma parte y declaró que él y sus colegas magistrados no obedecen a ningún tipo de presión política ni ideología partidista. El fallo en torno a la ley Televisa indicará, en verdad, "de qué están hechos" los máximos jueces del país, y si reivindican al tribunal como un órgano que vela por los intereses nacionales o si, por el contrario, ratifican el alineamiento del Poder Judicial con un grupo gobernante que cada vez responde más a la definición de oligarquía. Se verá, en suma, hasta qué grado el poder del dinero privado es capaz de doblegar a las instituciones del poder público.

Que se pasera-t-il au Guatemala?

Le monde

La gauche guatémaltèque espère bénéficier de l'effet "positif" de l'élection du sandiniste Ortega à Managua


Encouragée par l'évolution politique de l'Amérique du Sud, la gauche guatémaltèque place tous ses espoirs dans les élections législatives et présidentielle du 9 septembre. Onze ans après les accords de paix de 1996, l'ancienne guérilla, l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG), se présentera devant les électeurs en alliance avec une dizaine d'organisations sociales et politiques, sous la bannière du Mouvement de gauche (MAIZ), dont les initiales évoquent en espagnol le maïs, base de l'alimentation des Mayas.

Son candidat à la présidence de la République, Miguel Angel Sandoval, diplômé de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) à Paris, a quitté l'URNG lors de la signature des accords de paix, estimant que le volet social et économique était insuffisant.

La gauche devra affronter Rigoberta Menchu, Prix Nobel de la paix en 1992, qui brigue également la présidence. "Rigoberta bénéficie d'une renommée internationale, mais elle a été absente depuis longtemps des luttes sociales au Guatemala, explique M. Sandoval, de passage à Paris. Certes, elle a fait beaucoup pour que les militaires guatémaltèques accusés de violations des droits de l'homme soient inculpés par la justice espagnole. Mais elle s'est lancée dans les affaires, créant un réseau de pharmacies, et a collaboré avec l'actuel président, Oscar Berger (droite), tandis que les dirigeants indigènes auxquels elle est liée devenaient fonctionnaires".

"RÉFORME AGRAIRE INTÉGRALE"

Avec six parlementaires et un maire de ville moyenne, le MAIZ dispose d'une faible expérience électorale. "Aux élections de 2003, l'URNG a réalisé, avec moins de 3 % des voix, le plus mauvais score de l'histoire de la gauche au Guatemala", admet M. Sandoval. Toutefois, le candidat du MAIZ espère que "le vent qui souffle en provenance du Sud puisse porter la gauche au second tour de la présidentielle".

A son avis, le retour du sandiniste Daniel Ortega à la présidence du Nicaragua, en janvier, a eu une répercussion "positive" en Amérique centrale.

Fin 2005, l'élection d'un président d'origine aymara en Bolivie, Evo Morales, a redonné l'espoir aux Indiens Mayas, majoritaires au Guatemala. "Le mouvement indigène est passé de la résistance à la lutte pour le pouvoir", assure M. Sandoval. En novembre 2006, "l'élection du président équatorien Rafael Correa a montré que l'absence d'implantation électorale préalable n'était pas un handicap insurmontable pour remporter un tel scrutin", poursuit le candidat.

Il ne cache pas son admiration pour le président vénézuélien, Hugo Chavez. Au traité de libre commerce signé par l'Amérique centrale avec les Etats-Unis, "mal négocié", M. Sandoval préfère l'Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) proposée par Cuba et le Venezuela et "basée sur la coopération plutôt que sur la concurrence".

Une "réforme agraire intégrale", qui ne se limiterait pas à la répartition des terres, mais comprendrait aussi crédits et assistance technique, figure en tête du programme présenté par le MAIZ à un électorat à 50 % rural. La gauche veut privilégier l'impôt direct progressif, et mettre en oeuvre des politiques publiques d'éducation et de santé pour les plus démunis, tentés par l'émigration massive vers les Etats-Unis.

Paulo A. Paranagua

PERLAS

El gran teatro de la política tiene actores que casi siempre son olvidados por los partidos: los ciudadanos.
jenaro villamil

ARMAS: lords of war

Proceso

Los financieros de la muerte


marco appel Bruselas, (apro).- Más de 400 millones de personas en 25 países están en riesgo de morir a causa de unas 440 millones de submuniciones irrigadas por “bombas de racimo” en los últimos 40 años.

Halladas a ras de suelo, este mortífero tipo de armamento --una sola bomba puede “tapizar” de explosivos activos durante décadas un área equivalente a cuatro terrenos de fútbol-- ha matado y lisiado al menos a 13 mil 306 seres humanos, casi todos niños y jóvenes que regresaban a sus hogares después de un conflicto armado, de acuerdo con un informe de la organización francesa Handicap International divulgado la semana pasada.

Por ello, el próximo miércoles se reunirá media centena de naciones en Lima, Perú, para discutir el borrador de un nuevo tratado internacional que prohíba las bombas de racimo, y establezca un marco legal para la cooperación y la asistencia de las personas y comunidades afectadas por dicho armamento.

Y es que, el 22 y 23 de febrero pasado, 55 países, entre ellos México, firmaron en Oslo, Noruega, una declaración en la que se comprometieron a concluir en 2008 “un instrumento legal y obligatorio” que “prohíba el uso, la producción, la transferencia o el almacenamiento” de las también llamadas “bombas de dispersión”. Japón, Polonia y Rumania no firmaron el acuerdo, mientras que Estados Unidos, China y Rusia ni siquiera se molestaron en asistir a la capital noruega.

No obstante, Bélgica se convirtió hace un año en el primer país del mundo en haber suprimido de su arsenal tan mortales bombas; además, el pasado 2 de marzo, el Parlamento nacional de ese país prohibió a sus organismos financieros invertir en las empresas que las fabriquen. Noruega decretó una moratoria en 2006.

“La mayoría de las discusiones del tratado se centrarán en las definiciones y las cuestiones técnicas, pero es importante recordar las palabras de un diplomático noruego: ‘este proceso comenzó por el impacto devastador de esas armas sobre las vidas humanas. Necesitamos hacer esto por la gente, centro de este tratado’”, comentó Hildegarde Vansintjan, oficial de apoyo de Handicap International.

Pese a lo anterior, los seis principales fabricantes de bombas de racimo han recibido créditos o inversiones de al menos 68 instituciones financieras trasnacionales, algunas de cuales mantienen operaciones en México con altos rendimientos, como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); el Banco Santander Hispano (BSCH); el Internationale Nederlanden Groep (ING) o el Hongkong and Shangai Banking Corporation (HSBC).

“Las empresas que fabrican estas bombas han conseguido fondos financieros de todas partes: de Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Arabia Saudita, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos”, revela la organización belga Netwerk Vlaanderen en un informe titulado Inversiones explosivas: las instituciones financieras y las bombas de racimo.

Complicidad

La organización, con sede en esta ciudad, indica que las compañías estadunidenses GenCorp, Lockheed Martin, Raytheon y Textron; la francesa Thales, y la asentada en Países Bajos, la European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), obtuvieron facilidades de crédito por un monto de 12 mil 600 millones de dólares en los últimos tres años. En el mismo periodo, Textron y Thales recibieron inversiones, a través de bonos bancarios, con un valor de mil 300 millones de dólares.

El informe de 21 páginas –en poder de Apro--, señala que incluso organismos financieros han comprado “considerables acciones” de las citadas firmas estadunidenses. “Lo anterior es sólo la punta del iceberg”, dice el autor del informe, Christophe Scheire, y advierte que sus averiguaciones se restringieron a las más recientes e importantes transacciones que fluyeron hacia ese grupo de empresas.

Instituciones financieras, añade Scheire, argumentan que el hecho de invertir es una actividad “completamente neutral”, que no eligen un bando. “¡Por supuesto que están negando la realidad! Invertir en una compañía es un claro y activo apoyo al esfuerzo de elevar el capital necesario para cumplir con los planes que ésta se propone. Cualquier servicio de esa clase es un acto de aprobación y de fe en los proyectos empresariales, por lo que invertir en la producción de bombas de racimo, puede considerarse una complicidad en el asesinato y mutilación de civiles inocentes durante y después de un conflicto”, explica el activista.

El informe describe la producción de cada empresa. Aerojet es una subsidiaria de GenCorp que produce bombas de racimo y el motor propulsor para los misiles modelo ATACMS de Lockheed Martin. Al menos hasta 2004, Aerojet ensamblaba submuniciones tipo BLU-97 de los proyectiles AGM-154A JSOW de la Marina y la Fuerza Aérea estadunidense.

Lockheed Martin fabrica submuniciones tipo 404 DPICM que abastecen a los proyectiles MLRS XM 30, y submuniciones tipo 644 M77 para los misiles tierra-tierra MLRS M26, empleados por el ejército estadunidense en Irak, así como por las fuerzas militares de Israel durante su ofensiva contra Líbano en 2006.

Por su parte, Raython produce una versión estándar de la bomba de racimo AGM-154A, que contiene 145 submuniciones BLU-97/B. También manufactura cabezas de submuniciones para los conocidos misiles crucero Tomahawk. La compañía Textron produce la bomba de racimo CBU-105 Sensor Fuesed Weapon, que fueron arrojadas por aviones estadunidenses también durante la guerra en Irak.

En cuanto a la francesa Thales, su subsidiaria TDA produce el modelo de bomba PR Cargo con 16 submuniciones de “efecto doble”. A su vez, una subsidiaria de TDA, Forges De Zeebrugges, anunció el año pasado que trabajaba en la fabricación de un misil FZ101 de 70 milímetros, capaz de transportar ocho submuniciones, para el futuro helicóptero “Tigre” del ejército alemán.

Hasta finales del año pasado, TDA fue una empresa conjunta a partes iguales de Thales y EADS, que es el segundo vendedor de armas más grande de Europa (lo conforman corporativos de Francia, Alemania y España), incluyendo material nuclear.

Operaciones

El reporte es rico en detalles acerca de nueve operaciones financieras, que divide en tres categorías de servicios: banca comercial, banca de inversiones y administración de activos.

Por el tamaño del monto o el número de organismos bancarios involucrados, destacan algunas operaciones.

En marzo de 2005, Raython obtuvo de un consorcio de 30 bancos un crédito abierto (revolving credit) de cinco años por una cantidad de 2 mil 200 millones de dólares, destinado al refinanciamiento de las deudas de la compañía y a “propósitos corporativos generales”.

El crédito fue manejado por JP Morgan Chase y Bank of America, que aportaron, respectivamente, 180 y 170 millones de dólares. El banco estadunidense Citygroup participó con 140 millones de dólares, cifra semejante a la que dio el banco Credit Suisse First Boston. El español BBVA contribuyó a la operación con 25 millones de dólares.

En la misma fecha, Textron obtuvo un crédito de mil 250 millones de dólares en las mismas condiciones, para ser utilizados “en proyectos comerciales”, con el apoyo de un consorcio de 19 bancos. El plazo de expiración de este crédito es abril de 2011.

Los gestores del préstamo fueron Citygroup y JP Morgan, que desembolsaron 120 millones de dólares cada uno. El británico HSBC participó con 60 millones de dólares.

Sin embargo, el crédito más abultado fue otorgado a EADS, que en julio de 2005 obtuvo tres mil 650 millones de dólares de un grupo de 36 instituciones bancarias, con el objetivo de que la compañía hiciera frente a gastos inesperados o aprovechar, a su vez, oportunidades de inversión en el sector.

La gestión del préstamo corrió a cargo de los bancos ABN AMOR de países bajos, Calyon de Francia, Citygroup, RBS de Reino Unido (cada uno otorgó 145 millones de dólares), BBVA, Bank of America, Dresdner Kleinwort Wasserstein de Alemania, y Société Générale de Francia (con 120 millones de dólares cada uno). Contribuyeron también ING y HSBC con 85 millones de dólares, respectivamente.

De acuerdo con los “lineamientos éticos” con los que cuenta el banco holandés ING, éste no puede colocar capital en compañías implicadas en el negocio de “armas de uso controvertido”.

Scheire explica: “Los bancos con esas políticas éticas discuten que este tipo de créditos no contribuye a apoyar en sí la producción de bombas de racimo, puesto que se trata de capital de trabajo. Pero en concreto, ninguno de los préstamos mencionados en el reporte incluye una cláusula que prevenga a las compañías de gastar el dinero en la fabricación del referido armamento”.

La banca financiera internacional también apoyó a esas empresas armamentistas dándoles consejo en la venta de acciones y bonos, con el fin de atraer mayores inversiones. En 2005, Textron emitió una serie de bonos a ocho años, por un valor de 300 millones de dólares, para el pago de bonos vencidos por la misma cantidad. Administraron esa transacción el Deutsche Bank y JP Morgan, mientras que cuatro bancos se conformaron en consorcio para aportar cada uno 15 millones de dólares, uno de ellos HSBC.

El informe de Netwerk Vlaanderen también identifica a 17 instituciones financieras que, hasta septiembre pasado, poseían un porcentaje de acciones “significativas” en el capital de las cuatro estadunidenses citadas. Esta participación oscilaba de 3 por ciento --del organismo financiero estadunidense Fidelity en la propiedad de Lockheed Martin--, a 18.88 por ciento –de la también estadunidense State Street en Lockheed Martin.