Operacion mochilas
Jornada
| "Es la maldición de la Colonia", afirma el escritor Gordillo tiene el futuro asegurado por la debilidad del gobierno: MeyerCiudad Victoria, Tamps., 10 de agosto. Por la debilidad del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la maestra Elba Esther Gordillo Morales tiene su futuro asegurado, afirmó aquí el escritor y analista Lorenzo Meyer Cosío. "Es la maldición de la Colonia, pero el Presidente la quiere más que a su madre", aseveró. A pregunta de uno de los 300 asistentes al Congreso Juvenil, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social del estado, señaló que, a pesar de que los exámenes digan que los niños están mal en matemáticas, el gobierno federal no tocará a Gordillo. "Felipe Calderón la va a tratar como a su madre, mejor que a ella, porque es el fiel de la balanza". Afirmó que el futuro de la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) estará asegurado mientras el Estado continúe débil como ahora, porque la necesitan para que ayude a ganar elecciones. "Es la defensora del Presidente", aseguró. El perfil de la profesora, comentó, encuadra en la estructura neoliberal, en la cual el Estado ha perdido control y fuerza, y han surgido grupos y la maestra. El escritor explicó que México "es un país que nació de corporaciones, que en el siglo XX resurgieron con el Partido Revolucionario Institucional. Este se fue, pero el corporativismo continúa. Es el caso de la maestra Elba, maldición de la Colonia, pues la herencia de donde viene es terrible". Manifestó que el país tiene un pésimo sistema educativo, pero un excelente partido político -en alusión a Nueva Alianza- que es alentado por el SNTE. Indicó que falta liderazgo y parece que "el gobierno sólo administra el tiempo de un país que flota sobre el mar sin rumbo ni dirección". Abundó que con la presencia del Ejército mexicano en tareas propias de la policía aflora la debilidad del Estado, que permite a los militares entrar a domicilios particulares. |
Jornada
En México, advirtieron, se está llegando al límite no sólo en el sistema educativo, sino en todos los frentes, social, económico y político, porque el único logro que se puede atribuir al presidente Calderón Hinojosa es que "en menos de un año aumentó al doble los problemas heredados por su antecesor, Vicente Fox Quesada, a quien la enseñanza simplemente le pasó de noche".Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
Jornada
El desdén como estilo de gobiernoLa discriminación sobre los pueblos indios lleva siglos ya, y más de lo que reconocemos o quisiéramos, se ha instituido como una política razonable, aceptada por las autoridades. Denuncias, reclamos o intereses indígenas son tópicos a ignorar, para olvidar. Mientras más se derechizan los gobiernos, aumenta el desdén por los asuntos de indios, como si ese fuera el trato normal, algo que así debe ser. Los indígenas van siendo para ellos vestigios del atraso desechable, no más. Desde el inicio del sexenio actual, la militarización propagandeada, con ocasión o sin ella, hizo temer lo peor. Venían tiempos autoritarios de un gobierno que iniciaba su ejercicio con debilidad congénita y sin clara aceptación general. Desde entonces se han ido confirmando los temores; más aún, al parecer se va perfilando tal manera de gobernar. Hay rasgos comunes en el tratamiento de muy diversos casos. No sólo van actuando así sobre los pueblos indios -pero sí especialmente-, como con ratones de laboratorio, para que toda la nación (no indígena) aprenda en carne ajena las cautelas y provechos del disentir o el asentir. Un caso que casi lleva seis meses de iniciado y tres de cancelado nos ayuda a considerar esto. Es una historia que se trastocó, se enmarañó, se manoseó políticamente sin pudor alguno. La tomo aquí en memoria de una dignidad personal y colectiva que fue ultrajada por el gobierno. El caso de la señora Ernestina Ascensión Rosario, indígena nahua violada y asesinada, como bien parece creíble tras la confusión mediática, fue ampliamente difundido -casi publicitado-, tanto que parece diseñado, o al menos usado, para divulgar un mensaje del Poder Ejecutivo a la nación. El mensaje busca atemorizar dejando claro que se gobernará con diversas violencias. Primera, el gobierno se impondrá como él decida y con la fuerza del Ejército. Segunda, nadie cuestionará las acciones de las fuerzas armadas, aunque sean criminales. Tercera, los derechos humanos se subordinarán al Estado y nadie podrá invocarlos contra él. Cuarta, la verdad será definida por el Ejecutivo: ni los hechos ni los testigos ni las investigaciones tendrán valor. Quinto, los medios habrán de ser obsequiosos al hablar o al callar. En este caso todo eso sucede y se maneja a placer. Cuando ya todo apuntaba a la impunidad simple y acostumbrada para el Ejército, el Presidente interviene con una declaración gratuita, sobre una investigación inconclusa, diagnosticando "gastritis". Los actores empiezan a cambiar sus posturas previas, a negociar o claudicar, casi todos. Proliferan las declaraciones contradictorias, se lava la imagen del Ejecutivo, se activan los oportunistas, se silencia e incomunica a las víctimas, se ignora a los testigos, se encubre y disculpa a los delincuentes, se arrebata el aval de las autoridades discrepantes, se crea toda la confusión posible para que los más se harten y olviden, o acaten la versión oficial. Y luego, que todos callen cuando oficialmente se cierra el caso. Algunos casos han sido más conocidos, pero eso mismo va sucediendo en muchos, al menos en buena parte. Como ejemplos: los crímenes, violaciones, represiones, torturas y más en los conflictos de Atenco y Oaxaca, la masacre de Viejo Velasco Suárez, el asesinato del ecologista Aldo Zamora, el hostigamiento a múltiples adherentes de la otra campaña, a los defensores de la naturaleza y los opositores a La Parota, el disimulo ante los desaparecidos y los presos políticos... Es el desdén para los indios como política de Estado. Otros casos ampliamente difundidos también revelan esos rasgos recurrentes del gobierno actual. Están ahí los sabotajes a Pemex, los gobernadores blindados, los dólares de Zhenli, las empresas mineras solapadas, los tráficos de influencias... Así se desdeña a la gran mayoría de los mexicanos. El gobierno federal deja ver su miedo creciente. Falto de autoridad moral, obstinado en mantener su control del país con miedos que no logra instalar, parece relegar un ámbito cuidado tradicionalmente: el de la opinión internacional. Además de maneras descorteses, parece que ha decidido exhibir sus desplantes más allá de las fronteras, desdeñando a Amnistía Internacional. Sólo le falta seguir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al parecer no está midiendo el impacto ni el rebote que pudieran tener esos desdenes. Más allá de sus fronteras no puede infundir miedo ni tiene ejércitos. ¿Pensará acaso el gobierno federal que puede imponer al mundo sus versiones, carentes de verdad y de justicia, sólo porque las afirma? |
Pidiregas
Jornada
México SA
México SA
Bomba de tiempoPidiregas, a punto de explotar Pagos por $825 mil millones Deuda social pendiente Pues nada, que la "solución definitiva" (Zedillo dixit) a la escasa inversión en infraestructura energética (léase Pidiregas) nunca fue tal y que, por el contrario, el mecanismo financiero utilizado está a punto de explotar. El costo de los Pidiregas, como se ha comentado en este espacio, es una bomba de tiempo con mecha cada vez más corta y, según el calendario de pagos, al presente sexenio (resultara quien resultara en las urnas) le toca la parte más peligrosa de la deuda contratada por los dos anteriores (Zedillo, el "inventor" de la "solución definitiva", y Fox, que con este mecanismo se sirvió con la cuchara grande), porque de 2007 a 2012 deberá erogar alrededor de 825 mil millones de pesos (a precios de 2006) por amortización e intereses (por éstos últimos 240 mil millones). La cresta de este delicado asunto se registra entre 2007 y 2010 (cerca de 500 mil millones de pesos, a precios de 2005, lo que no quiere decir que en años posteriores la situación sea llevadera), con las erogaciones más voluminosas, y en este sentido el Banco de México subraya que el gobierno federal deberá erogar en 2008 un monto equivalente a 200 mil millones de pesos para cubrir la amortización de capital y pago de intereses de los Pidiregas contratados en los dos sexenios anteriores (sin considerar lo que en este renglón acumule la "continuidad"). Tales obligaciones equivalen a dos terceras partes de los 300 mil millones de pesos en que el gobierno federal espera aumentar la recaudación con la propuesta de "reforma" fiscal presentada en junio pasado (La Jornada, Roberto González y Antonio Castellanos), monto que -aseguran en Los Pinos- se destinaría "al pago de la deuda social". En efecto, se destinaría al pago de deuda, pero obvio es que no a la social, porque en el presente sexenio por concepto de Pidiregas (capital e intereses) se involucran erogaciones cercanas a un Fobaproa (80 mil y 120 mil millones de dólares, respectivamente), con el agravante de que el plazo se limita a seis años, y no de 30 como el original "rescate" bancario, aunque de cualquier suerte los recursos salen del mismo sitio, los bolsillos de los mexicanos. Era previsible el estallido, pero, como es costumbre, nuestros gobernantes, en el mejor de los casos, y sólo en el mejor, desechan lo preventivo porque les fascina recoger la pedacería tras la explosión. Por ello, vale la pena un paseo por esta corta cuan costosísima historia: el "invento" zedillista, los Pidiregas (aplicables para Pemex y la CFE) se echaron a caminar en 1996 y en los siguientes cuatro años ese gobierno erogó 12 mil 340 millones de pesos por amortización e intereses. En 1996, este mecanismo representó menos de 0.1 por ciento del PIB; en 2005 se acercó al 2 por ciento, un incremento de mil 900 por ciento en el periodo. Comparados con la inversión presupuestaria, avanzaron de 0.5 a 50.5 del valor total de la inversión impulsada por el sector público en le periodo citado. A la administración Zedillo le fue bien comparada con la del "cambio", porque a la del presidente Fox le significó erogaciones cercanas a 260 mil millones de pesos (71 mil de ellos en 2006), 2 mil por ciento más que en la anterior. De ese monto, 40 por ciento correspondió al pago de intereses. Entre 2001 y 2006 el pago de intereses por el concepto referido se incrementó alrededor de mil 400 por ciento (de 6 mil 937 millones de pesos en 2001 a 102 mil 421 millones en 2006). Tiempo atrás se comentó en este espacio que el adeudo por Pidiregas ha crecido geométricamente, pero la bomba podría explotarle en la cara al gobierno de la "continuidad". En su periodo constitucional, si lo libra, deberá hacer pagos por Pidiregas (amortización e intereses) cercanos a 825 mil millones de pesos, un monto más de tres veces superior al cubierto por la administración foxista y casi 7 mil por ciento mayor al pagado durante el zedillato. Originalmente, esta fórmula fue presentada por el gobierno zedillista como "la solución definitiva" a la prácticamente nula inversión en infraestructura energética. Diez años después, la bomba de tiempo estallaría justo a mediados del presente sexenio; a precios de 2005 acumulan un billón 544 mil 378.5 millones de pesos (80 por ciento en Pemex y 20 por ciento en la CFE), más 511 mil 382.3 millones de pesos por intereses, lo que suma 2 billones 55 mil 760.7 millones, que deberán pagarse en un horizonte que concluye en 2044. La mecha, pues, cada vez más corta, y de acuerdo con información de la Cámara de Diputados se pueden prever las necesidades de flujo presupuestal para los próximos años: de cumplirse las metas programadas, existirán mayores presiones de recursos fiscales para los próximos siete años, por un monto medio anual de 134 mil 526.8 millones de pesos de 2005. Es previsible hacia dónde irían los recursos de la eventual "reforma fiscal", porque el pago de la deuda social se mantendrá en reserva. Las rebanadas del pastel No es para entristecerse, porque la buena noticia es que al sucesor del gobierno actual (que bien podría ser el del "cambio", con "continuidad" y "persistencia") sólo le tocará pagar 680 mil millones de pesos en su sexenio (a precios de 2006) por los Pidiregas de Zedillo y Fox (los contratados por Calderón se contabilizan aparte). Lo mejor del caso es que quien esté sentado en Los Pinos allá por el año 2044 cubrirá una bicoca: apenas 199 millones de pesos (ídem). Tal vez entonces, y sólo tal vez, podría darse el primer abono para cubrir la deuda social, si México no estalla antes. |
Jornada
Desfiladero
Desfiladero
Qué bonito paísSaldrán libres los violadores de prostitutas El arzobispo primado bajo la peor sospecha Que den el Grito AMLO o Rosario Ibarra   Norberto Rivera Foto: María Luisa Severiano  Rosario Ibarra Foto: María Luisa Severiano Faltan sólo unos días para que se dicte sentencia en el caso de los militares que violaron a 14 prostitutas en un tugurio del poblado de Castaños, en Coahuila. Los hechos ocurrieron el 11 de julio del año pasado, cuando los uniformados, que teóricamente resguardaban una oficina del Instituto Federal Electoral para cuidar los "votos" que en ella había, salieron de ahí drogados y borrachos y llegaron a la pequeña zona roja para someter a los clientes y disponer sexualmente de las mujeres durante muchas horas. Por invitación del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acudió a Castaños para reconfortar a las muchachas y apoyarlas en su defensa. Desde entonces, el prelado ha sufrido presiones, amenazas e incluso una persecución en carretera por el desierto. En vísperas del fallo que prepara el juez que lleva el asunto, las perspectivas no son buenas. Se teme que tres de los cuatro soldados detenidos puedan ser absueltos y que la procuraduría estatal no se inconforme si así sucede. Ello en razón de que algunas de las víctimas cedieron a las intimidaciones de sus agresores y cambiaron sus declaraciones o se desdijeron de ellas. Monseñor Vera teme que una sentencia exculpatoria para quienes a punta de pistola se aprovecharon de aquellas pobres "tendrá efectos nocivos para el resto del país". Así lo dijo a principios de la semana que termina: "Si deciden dejar esto en la impunidad, dar el mensaje de que no pasó nada, como lo han hecho con la señora Ernestina Ascensión, en Zongolica, y con la familia de Sinaloa, estaremos caminando hacia una dictadura, pues es muy delicado que nadie pida cuentas al Ejército que, como estamos viendo, gobierna y vigila México". Felipe Calderón, que nunca había gobernado a nadie y no sabe cómo hacerlo, mantiene su alianza con las fuerzas armadas recibiendo "lealtad institucional" a cambio de impunidad absoluta, con todos los riesgos que esta palpable expresión de debilidad implica para los ciudadanos: mientras no haya sanciones, los abusos de las tropas contra la gente seguirán al alza (y José Luis Soberanes las bendecirá alegando que son "exageraciones" de Amnistía Internacional). Pero mientras el Ejecutivo federal da carta blanca a sus guardianes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo justifica, el obispo de Saltillo resiste con la fuerza de su autoridad moral, aunque en medio de un terrible aislamiento, porque el jefe local de la Iglesia católica, el cardenal Norberto Rivera Carrera, está ocupado en asuntos más serios: trata de desvirtuar las acusaciones de que encubrió a un cura pederasta cuando era obispo de Tehuacán, Puebla, para eludir el castigo que la justicia estadunidense le aplicará si demuestra que fue cómplice de aquel violador de niños. El Ejército, la CNDH y la jerarquía eclesiástica son tres instituciones que reflejan la profunda descomposición política del país, pero no son todas: allí está, por su parte, la Procuraduría General de la República y, con ella, de nuevo Calderón, intentando echar tierra sobre los 205 millones de dólares incautados a Zhenli Ye Gon que fueron "lavados" a toda prisa por el "gobierno" de México, para darle, a medida que pasa el tiempo, más y más credibilidad a las palabras del contrabandista asiático de que parte de ese dinero provenía de fondos secretos del PAN. En este contexto, la derecha está de fiesta porque nadie votó por el partido de Andrés Manuel López Obrador en las recientes elecciones de Baja California y Oaxaca. Andan celebrando el acontecimiento con euforia porque significa, dicen, el colapso del movimiento de resistencia civil pacífica. Tienen sangre fría cuando alaban tan flagrante mentira y se niegan a leer el mensaje del abstencionismo, que en Oaxaca alejó de las urnas a siete de cada 10 votantes. Las fuerzas políticas aglutinadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), no vinculadas con López Obrador (por desgracia), se negaron a tachar los nombres de los candidatos perredistas porque éstos pertenecen a la nueva derecha que se hace llamar Nueva Izquierda y son tan poco confiables como los priístas y los panistas juntos: son lo mismo. Pero el vacío que le hicieron al proceso tiene un significado más grande: el 2 de julio de 2006 la oligarquía destruyó el sistema electoral mexicano y la gente no lo olvida. Las votaciones ya no sirven para nada: el pueblo tiene que encontrar otros caminos -y la resistencia pacífica los ofrece- para derrotar a quienes desbarataron las débiles instituciones democráticas para mantenerse enquistados en el poder, desafiando y amenazando al pueblo, provocándolo para someterlo por medio de la represión. Las cosas continuarán empeorando no sólo porque Calderón y su equipo son ciento por ciento incapaces de interrumpir -ya no digamos remediar- el naufragio que han causado, sino porque además del desempleo, la carestía y el hambre -pronto habrá un nuevo aumento en el precio de la tortilla-, la captación de recursos externos sigue en picada. Antes, la derecha empresarial católica decía que si un priísta administrara el desierto del Sahara terminaría importando arena; hoy, bajo la égida de los mochos, las ventas de Pemex registran una baja histórica, mientras las remesas crecieron, en los ocho meses que van de 2007, apenas 0.6 por ciento, de acuerdo con un reporte del Banco de México difundido anteayer. De este lado del río hay franca irritación ante la brutalidad sin atenuantes que el gobierno de Marcelo Ebrard usó contra las prostitutas de La Merced: la política de cero tolerancia aplicada en detrimento de uno de los grupos sociales más desprotegidos fue prusiana: redadas de mujeres que ahora están presas, clausura de siete hoteles de paso y nuevas expropiaciones de predios hablan de un autoritarismo que repugna a la izquierda capitalina. Pero eso no es todo: en la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, la ex dirigente nacional de las y los sobrecargos, ha lanzado una persecución política contra cuatro militantes del ala conservadora de ese gremio, quienes la acusan de haber contratado ilegalmente a una persona que al mismo tiempo cobra en el sindicato y en Mexicana de Aviación. Alejandra Barrales tiene contactos en las más altas esferas del poder, pero por lo visto carece de amigos que la quieran tanto como para hacerle ver que al acusar penalmente a sus opositores por el supuesto robo de "un expediente", con el único fin de amedrentarlos para que "ya le bajen" a sus denuncias (que por otra parte son justas y están bien fundadas), cometió un gravísimo error. Ahora bien, si en el campo de la izquierda el periodismo tampoco sirve para promover rectificaciones... Esta columna sigue recibiendo cartas acerca de quién debe dar el Grito en el Zócalo. Hasta ahora, la mayoría se inclina por López Obrador, pero en segundo lugar va doña Rosario Ibarra de Piedra, muy adelante de Marcelo, a quien algunos le dicen ya El Káiser. |
| Por Esto! Dilemas de Calderón |  |  |  |
| viernes, 10 de agosto de 2007 | |
| Por Fausto Fernández Ponte Asimetrías
A esas invitaciones francas y directas de los presidentes Néstor Kirchner, Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez, el señor Calderón ha respondido con generalidades y sin comprometerse a adherir a su gobierno a la causa de Nuestra América. Esa causa, sabido es, es la recuperación de la soberanía de los países ya citados, así como Bolivia y Ecuador y, en menor medida, Uruguay, emnpeñados en hacerse con el patrimonio de los pueblos, en poder, todavía, de consorcios trasnacionales. Esos consorcios trasnacionales son, en su inmensa mayoría, de Estados Unidos, España, Inglaterra y de otros estados --Francia, Alemania, Japón y Canadá--, cuyos gobiernos actúan para adelantar y defender lo intereses de aquellos. El caso de México es típico. II III Glosario: |
Jornada
Derechos humanos y marginalidadEl reciente reporte de Amnistía Internacional (AI), a pesar de los cuestionamientos de las autoridades en cuanto a las fuentes de información, no deja lugar a dudas. La secretaria del organismo, Irene Khan, dejó claro que las pruebas vienen de personas cuyos derechos humanos han sido violentados, que AI tiene una metodología altamente desarrollada para la elaboración de sus reportes y que éstos son realizados por investigadores especializados que se encuentran en Londres. La situación en Oaxaca empeora día a día. El contenido liberador de la palabra, la esencia y las posibilidades de diálogo están gravemente deteriorados y la estabilidad y gobernabilidad, no sólo en ese estado sino en el país entero, se ven profundamente amenazadas. El tiempo transcurrido desde el comienzo del conflicto sólo ha mostrado situaciones denigrantes y sombrías, cancelación de la razón, confusión, desasosiego e incertidumbre. Todo se desarticula mientras la irritación y la violencia crecen sin posibilidad de un diálogo civilizado y honesto, donde el interés que predomine sea la estabilidad del país y los derechos humanos de los individuos. Nos sentimos con el referente perdido, bruscamente desarticulados, sin tener a quién apelar, desbancados como sujetos de derecho, vapuleados por el azar, la mentira y la inconsistencia. Nos sentimos en condición marginal, en el margen, en la exclusión. La intolerancia, definida en esencia como el rechazo brutal e incomprensivo hacia lo diferente, se está diseminando por el país. Su opuesto, la tolerancia, implica el respeto, la aceptación y el aprecio a la diversidad de formas de pensamiento y de simbologías con diferente expresión. Sus raíces emanan del conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento. Sólo mediante la tolerancia puede lograrse la convivencia armónica y el respeto mutuo. Esta se traduce en una actitud activa, de reconocimiento de los derechos del otro. Pero para lograr este estado, y hablando del otro, debemos entender que en el conflicto actual no sólo tienen que ver aspectos de política, legalidad y justicia. En todo este embrollo subyace un fenómeno por demás intrincado que se refiere a la diferencia entre grupos opuestos. Me refiero no sólo a la oposición entre pobreza y riqueza, derecha o izquierda sino a un aspecto que tiene que ver con diferencias más complejas que conducen a la falta de entendimiento profundo entre los grupos: las diferencias entre lenguaje, y con ello me refiero a las diferentes simbologías de los grupos de población. El sujeto marginado, carenciado, es portador de una estructura de pensamiento distinta a la del individuo de la ciudad que no ha sufrido estas carencias, esa marginación, que está incluido en las instituciones y que ha sido asimilado por la sociedad y el sistema, y además no lleva a cuestas una sucesión de traumas acumulados sin elaboración, como lo han vivenciado los marginados. No es tan sólo una simple diferencia de ideología política ni de traducción de un idioma a otro, implica la comprensión profunda de individuos que golpeados por la pobreza transgeneracional, la exclusión y la desesperación, portadores de traumas, pérdidas y carencias, simbolizan, entienden y tratan de interpretar la realidad desde su propia historia, con otra estructura y otro tipo de percepción. Si en realidad queremos paz y concordia en el país, necesitamos imperiosamente que las autoridades actúen con legalidad y justicia, respetando los derechos humanos y comprendiendo no sólo al pueblo oaxaqueño sino incluyendo a los millones de marginados en el país. ¡Ellos también cuentan! Todos merecemos que se respeten nuestros derechos humanos. |
Jornada
El autismo político de Felipe CalderónEl autismo o aislamiento patológico del individuo que se encierra en sí mismo con pérdida de contacto con la realidad parece caracterizar a Felipe Calderón, quien desde la presidencia ilegítima es incapaz de escuchar el clamor de amplios sectores de la sociedad que se encuentran sumamente preocupados por la marcha del país hacia el despeñadero. Rodeado de militares y policías que lo mismo asesinan familias en retenes, secuestran, torturan y desaparecen militantes, violan indígenas o incursionan en casas y departamentos sin orden de cateo ni atribuciones legales para realizar este tipo de acciones, el titular de facto del Ejecutivo no parece comprender la gravedad de los problemas que él y sus asociados causan con su política represiva y de complicidad manifiesta con gobernadores genocidas, encubridores de pederastas y con líderes sindicales a perpetuidad que se han convertido en jefes de campaña del partido gobernante y aliados incondicionales del usurpador. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han observado puntualmente la naturaleza represiva del gobierno federal y de los estados, de las fuerzas armadas y policiales; de la impunidad con la que se violentan los derechos humanos en México. El deterioro de las instituciones encargadas de la administración de justicia obliga incluso a la instalación del Tribunal de Justicia Popular Nacional que recientemente consideró que “el Estado mexicano ha abandonado el principio constitucional fundacional de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste y se ha olvidado de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y ha generado una política de criminalización de las luchas sociales y de persecución, hostigamiento, represión brutal, hasta la tortura, el asesinato político, la desaparición forzada, violentado en todos los casos el conjunto de las garantías individuales del pueblo, frente al abandono, indolencia, incapacidad y complicidad del Estado en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal y los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. El tribunal inició su juicio recibiendo denuncias y pruebas que imputan a quienes han fungido y fungen como servidores públicos, encabezados por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Ulises Ruiz Ortiz, Enrique Peña Nieto, Mario Marín –entre otros inculpados–, de la comisión de delitos diversos: ordenar y propiciar ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, aplicación de tortura en forma sistemática a todos los detenidos en diversos movimientos sociales, en particular San Salvador Atenco y Oaxaca; ataques a la integridad corporal y a la salud de grupos nacionales, particularmente pueblos indios y niños (genocidio), ordenar y propiciar lesiones, violación sexual, robo, allanamiento de morada, delincuencia organizada y ejercicio indebido de la función pública. En numerosos estados del país tienen lugar movimientos de resistencia que enfrentan la represión y las políticas económicas aplicadas con rigor por el grupo gobernante. La Coordinadora Regional de las Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero y el Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, por ejemplo, denuncian la detención ilegal y violenta de pobladores con cargos comunitarios por parte de las autoridades ministeriales y judiciales de ese estado, “mostrando una vez más el verdadero rostro del sistema judicial de nuestro país, un sistema corrupto, que lejos de hacer justicia al pueblo, vende al mejor postor la aplicación de las leyes.” De San Isidrio Aloapan, Oaxaca, ejemplo de lucha en defensa del bosque y de la autonomía indígena, se demanda la libertad de los presos políticos de ese pueblo detenidos injustamente el 18 de junio pasado. En Morelos, los pueblos se levantan para detener el avance inmobiliario que pretende secuestrar el agua y depreda otros recursos naturales de la entidad, con el apoyo incondicional del gobierno de Acción Nacional. El EPR sigue insistiendo en la presentación con vida de sus dos militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos por fuerzas militares y policiales, y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia. Por otro lado, del 19 al 21 de agosto Felipe Calderón, George W. Bush y Stephen Harper se reunirán en Montebello, Canadá, para impulsar medidas de seguridad en el marco de ASPAN, lo que en los hechos significará –sin duda– el incremento de acciones y la reforma de los marcos jurídicos para controlar y eliminar a los movimientos sociales que se oponen al saqueo de nuestros recursos naturales y estratégicos para beneficio de las corporaciones capitalistas. En su primer año en el gobierno, Calderón y la clase dominante pretenden ignorar los ultrajes acumulados por movimientos cívico-democráticos, gremiales, sociales, ecológicos, indígenas y revolucionarios que han sido severamente reprimidos, sometidos, criminalizados pero no derrotados y cuyo repliegue necesario presagia una beligerancia social en el futuro inmediato de intensidades y alcances insospechados. México es un país de profundidades en la radicalidad de sus procesos sociales. No se trata de un determinismo histórico, sino de características propias de un pueblo que acumula agravios y responde con movimientos de largo aliento. Sólo que el grupo en el poder no sabe ni le interesa la historia ni su proyección en el futuro. Su ignorancia va a la par de su vocación autoritaria, explotadora y entreguista a los intereses de Estados Unidos. |
Preguntas sin respuestas o follow the money
Algunas infos de ayer, muy interesantes....
Jornada
Jornada
¿Dónde está el dinero de Zhenli?¿Y dónde está el vocero de la presidencia: una sola voz que informe a los medios y asuma la responsabilidad? En un remolino de declaraciones inconsistentes se ha dicho todo, menos la verdad. El dinero está aquí, está allá: ¡regresó! ¡De prisa!, que se vuelve a escapar. Y tras atropelladas manifestaciones sobre la increíble circunnavegación del dinero (Banco del Ejército, Banco Santander, Bank of America, Reserva Federal, Tesorería de la Federación, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, “SAE”, y Banco de México) la Procuraduría General de la República determinó finalmente que el dinero asegurado ¡no constituía elemento de prueba en contra de Zhenli! Entonces, ¿por qué se entregaron los fondos al SAE, que es la entidad facultada para administrar bienes asegurados que son objeto de proceso? Pero como el dinero no constituye ahora elemento de prueba la PGR “decidió realizar su autentificación en Estados Unidos y luego repartirlo” (El Universal 30/07/07). Este disparate creó mayor confusión y provocó una andanada de dudas: ¿de qué se acusa a Zhenli, entonces? ¿Por qué el decomiso originalmente anunciado? ¿Por qué autentificació recuento fuera de México? Finalmente, ¿dónde está el Estado de Derecho? Porque aquí y en China (perdón por el chascarrillo) hasta los criminales tienen derechos. No olvidemos que este dinero, que hoy resultó ser lícito, fue definido inicialmente por Felipe Calderón el día del operativo como “el mayor decomiso de dinero sucio en la historia de la humanidad”. Ahora se nos presenta sucesivamente como sucio, limpio, incautado, abandonado y repartido. Se envió supuestamente a la Reserva Federal por ser la “única instancia legal facultada para autentificarlo y contarlo”. Pregunto: ¿quién “autentifica” y cuenta los millones de dólares que compran y venden diariamente las instituciones de crédito mexicanas? ¿Nos dan gato por liebre? En incomprensibles declaraciones frente a legisladores de la Comisión Permanente, el director del SAE sacó otro conejo de la manga: Banco Santander, “como Filial de Bank of America en México”. Y al detallar la ruta del “dinero físico” (olvidando que esas enormes cantidades se mueven usualmente por transferencia electrónica), el funcionario informó que la PGR entregó el numerario al Banco del Ejército, éste al Banco Santander, y este último finalmente a la Reserva Federal en Estados Unidos. (¿En este increíble periplo se habrán quedado algunos dólares en el camino?) A partir de este proceso –dice El Universal– “el gobierno mexicano no volvió a ver físicamente el dinero” (y como diría el mítico don Teofilito del cuento, ¡ni lo verá!). Según el SAE, Bank of America “acreditó el dinero” (¿a quién?) y revirtiendo el proceso avisó electrónicamente a los interesados hasta “remitir la transferencia a la Tesorería de la Federación y al SAE, y luego estos a Banxico”. Alguien necesita revelar al Congreso y a los medios cómo se transportó el dinero a Estados Unidos, y si está depositado en ese país en la cuenta de alguna entidad del gobierno mexicano. (¿Lo reclamó la DEA o se repartió entre los dos países?) Sin embargo, con anterioridad a la reciente versión del SAE, el procurador general de la República había dado una historia diferente: dijo que los recursos “estuvieron en el Banco del Ejército y después en la Tesorería de la Federación, y la Tesorería los depositó en Banxico”. (¿Qué pasó con Banco Santander, Bank of America y la Reserva Federal?) En cuanto a la situación jurídica del dinero, explicó “que no se trató de un decomiso, sino de un aseguramiento, y después de un procedimiento de abandono” (La Jornada 28/07/07). Y para defender la tesis del “abandono” citó el artículo 22 de la Constitución, que establece que “no se considera confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono”. Pero olvidó añadir que la aplicación debe ser aprobada por una autoridad judicial al término de un proceso por “delincuencia organizada”. ¿El dinero es o no fruto del crimen organizado? ¿Dónde está la sentencia? ¿Por qué se pagó a la Reserva Federal un millón y medio de dólares para “autentificar” y contar el dinero, y por concepto de seguro? (La referencia al “seguro” indica que el dinero viajó físicamente a Estados Unidos.) El procurador citó también el artículo 182-A del Código de Procedimientos Penales, que obliga a levantar un acta detallada y entregarla al interesado o a su representante legal antes de causar el abandono. ¿Se notificó a Zhenli?, porque éste acusó a la PGR ante un juez federal “de violar su patrimonio personal e intentar engañar a las autoridades judiciales mexicanas” (La Jornada 02/08/07). En el caso de Watergate, otro intríngulis político plagado de encubrimientos, “garganta profunda”, el informante que ayudó al Washington Post a resolver el caso, aconsejaba insistentemente a Bob Woodward y Carl Bernstein, los periodistas que desenmascararon al gobierno de Nixon: follow the money (sigan la ruta del dinero). ¿Será esa la fórmula para resolver el misterio del chinogate? |
La suprema corta nos tiene en suspenso
Proceso
Las reglas de la Corte
jorge carrasco araizaga México, D.F., (apro).-
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá esta semana las reglas que podrían derivar en juicio político a los gobernadores de Puebla y Oaxaca, incluso a funcionarios federales como el procurador DE LA República, Eduardo Medina Mora.
El mismo lunes los ministros pueden llegar a un acuerdo, en sesión privada, para reglamentar el ejercicio de la facultad de la Corte, prevista en el artículo 97 de la Constitución, sobre la realización de investigaciones para el caso de graves violaciones a las garantías individuales, así como al voto público.
Al interior del pleno, varios ministros pretenden enmendar la propuesta de reglamento elaborada en el pasado receso vacacional del Poder Judicial por los magistrados Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández, de conocida posición conservadora; especialmente en el caso de los dos primeros.
Ese proyecto concibió la integración de débiles y restringidas comisiones investigadoras, casi de trámite, sobre todo porque sus resultados –de acuerdo con la Constitución– carecen de carácter vinculante, con lo que quedan en meras recomendaciones.
El propósito de los ministros que se oponen a esa propuesta es dotarles de “dientes” a los jueces o magistrados que sean designados por la Corte para tales investigaciones.
No se trata de darles facultades inquisitorias, de Ministerio Público. Lo que se pretende es que la investigación de los hechos sea considerada en el contexto de la probable existencia de violaciones a las garantías fundamentales.
Fijadas las reglas, se iniciarán los procedimientos de investigación para el caso de Puebla, San Salvador Atenco y Oaxaca.
En el primer caso, el ministro Juan Silva Meza ya produjo un informe, producto de una investigación de casi un año, en el que estableció la existencia de una concertación de autoridades del gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Mario Marín, para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho.
Con las reglas establecidas, es seguro que el reporte de Silva Meza sea modificado, aunque las evidencias son tan abrumadoras que, al final, la Corte podría hacer una recomendación de juicio político en contra del gober precioso.
De acuerdo con la ley, la decisión quedaría en manos del Congreso poblano. Pero dependerá de las negociaciones del PRI con el gobierno de Felipe Calderón, lo que podría derivar en impunidad.
Calderón necesita comprar estabilidad para su gobierno y el PRI está en condiciones de vendérsela. Cuando fue candidato presidencial, Calderón encabezó una farsa en contra de Marín.
En el discurso y para la fotografía “firmó” una solicitud de juicio político contra el gobernador poblano elaborada por congresistas del PAN en Puebla. En realidad nunca la firmó. Y más aún, como presidente ha ido varias ocasiones a ese estado acompañado por el gober precioso.
En la Corte hay quienes consideran que no sólo en Puebla, sino también en los casos de Oaxaca y San Salvador Atenco las investigaciones pueden derivar en recomendaciones de juicio político.
De nueva cuenta, el gobierno de Calderón tendrá una intervención directa, pues el PRI no está dispuesto a permitir la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, sobre todo después de haber arrasado en las elecciones locales del domingo 5 de agosto, aun con el abstencionismo del 70 por ciento. Calderón puede negociar también su permanencia.
En San Salvador Atenco, Calderón tendrá que salir a defender a su ya de por sí desprestigiado procurador, señalado en la red de protección de Zhenli Ye Gon.
Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y jefe político de la Policía Federal Preventiva, en el gobierno de Vicente Fox, Medina Mora está directamente involucrado en el exceso de fuerza y graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de ese municipio del Estado de México.
En la Corte hay quienes están dispuestos a hacer esas recomendaciones, pero hasta ahí podrían llegar. Y si en el Poder Judicial hay quienes se dicen dispuestos a hacer cumplir la ley, uno de sus principales integrantes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que predicar con el ejemplo.
El escándalo de presunta corrupción solapada por el hasta el lunes pasado presidente del tribunal, el magistrado Flavio Galván, tendría que derivar la renuncia de quienes estuvieran implicados, empezando por la del propio Galván. (10 de agosto de 2007)
Las reglas de la Corte
jorge carrasco araizaga México, D.F., (apro).-
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá esta semana las reglas que podrían derivar en juicio político a los gobernadores de Puebla y Oaxaca, incluso a funcionarios federales como el procurador DE LA República, Eduardo Medina Mora.
El mismo lunes los ministros pueden llegar a un acuerdo, en sesión privada, para reglamentar el ejercicio de la facultad de la Corte, prevista en el artículo 97 de la Constitución, sobre la realización de investigaciones para el caso de graves violaciones a las garantías individuales, así como al voto público.
Al interior del pleno, varios ministros pretenden enmendar la propuesta de reglamento elaborada en el pasado receso vacacional del Poder Judicial por los magistrados Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls Hernández, de conocida posición conservadora; especialmente en el caso de los dos primeros.
Ese proyecto concibió la integración de débiles y restringidas comisiones investigadoras, casi de trámite, sobre todo porque sus resultados –de acuerdo con la Constitución– carecen de carácter vinculante, con lo que quedan en meras recomendaciones.
El propósito de los ministros que se oponen a esa propuesta es dotarles de “dientes” a los jueces o magistrados que sean designados por la Corte para tales investigaciones.
No se trata de darles facultades inquisitorias, de Ministerio Público. Lo que se pretende es que la investigación de los hechos sea considerada en el contexto de la probable existencia de violaciones a las garantías fundamentales.
Fijadas las reglas, se iniciarán los procedimientos de investigación para el caso de Puebla, San Salvador Atenco y Oaxaca.
En el primer caso, el ministro Juan Silva Meza ya produjo un informe, producto de una investigación de casi un año, en el que estableció la existencia de una concertación de autoridades del gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Mario Marín, para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho.
Con las reglas establecidas, es seguro que el reporte de Silva Meza sea modificado, aunque las evidencias son tan abrumadoras que, al final, la Corte podría hacer una recomendación de juicio político en contra del gober precioso.
De acuerdo con la ley, la decisión quedaría en manos del Congreso poblano. Pero dependerá de las negociaciones del PRI con el gobierno de Felipe Calderón, lo que podría derivar en impunidad.
Calderón necesita comprar estabilidad para su gobierno y el PRI está en condiciones de vendérsela. Cuando fue candidato presidencial, Calderón encabezó una farsa en contra de Marín.
En el discurso y para la fotografía “firmó” una solicitud de juicio político contra el gobernador poblano elaborada por congresistas del PAN en Puebla. En realidad nunca la firmó. Y más aún, como presidente ha ido varias ocasiones a ese estado acompañado por el gober precioso.
En la Corte hay quienes consideran que no sólo en Puebla, sino también en los casos de Oaxaca y San Salvador Atenco las investigaciones pueden derivar en recomendaciones de juicio político.
De nueva cuenta, el gobierno de Calderón tendrá una intervención directa, pues el PRI no está dispuesto a permitir la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca, sobre todo después de haber arrasado en las elecciones locales del domingo 5 de agosto, aun con el abstencionismo del 70 por ciento. Calderón puede negociar también su permanencia.
En San Salvador Atenco, Calderón tendrá que salir a defender a su ya de por sí desprestigiado procurador, señalado en la red de protección de Zhenli Ye Gon.
Como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y jefe político de la Policía Federal Preventiva, en el gobierno de Vicente Fox, Medina Mora está directamente involucrado en el exceso de fuerza y graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de ese municipio del Estado de México.
En la Corte hay quienes están dispuestos a hacer esas recomendaciones, pero hasta ahí podrían llegar. Y si en el Poder Judicial hay quienes se dicen dispuestos a hacer cumplir la ley, uno de sus principales integrantes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que predicar con el ejemplo.
El escándalo de presunta corrupción solapada por el hasta el lunes pasado presidente del tribunal, el magistrado Flavio Galván, tendría que derivar la renuncia de quienes estuvieran implicados, empezando por la del propio Galván. (10 de agosto de 2007)